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El límite a la reelección

Por Pablo Marshall

La idea de que hay que limitar las posibilidades de los parlamentarios en ejercicio de re-postular a su cargo ha resonado en debate público chileno de los últimos años. Hace una semana la reforma impulsada por el Gobierno se impuso en la Cámara de Diputados quedando pendiente su aprobación por el Senado.

Quienes proponen la medida buscan que tras cierto número de periodos en el parlamento los senadores y diputados no puedan presentarse como candidatos, o que para ello deban dejar pasar un periodo parlamentario.  La reforma aprobada establece que los diputados podrán reelegirse dos veces mientras los senadores una sola vez.

Entre las razones que han sido ofrecidas para esta medida destaca la idea de que ésta pretende renovar la política, dejando entrar nuevas caras nuevas con nuevas ideas, oxigenando la política. Se sostiene además que se pretende evitar el clientelismo y el tráfico de influencias.  

Esta medida y las razones que se ofrecen para justificarla se enmarcan dentro de un discurso de ofuscación ante la falta de conexión e identificación que el sistema político chileno ha mostrado con las demandas de la ciudadanía y que pone a los políticos profesionales y a los partidos políticos como principales culpables del descontento y la decepción con el funcionamiento de la política.

Una editorial del diario La Tercera señaló que una reforma en este sentido tendría otros costos “como perder experiencia acumulada por los legisladores para realizar su función (…) y perder a personas que pueden ser muy valiosas. Por otra parte, es discutible desde una perspectiva democrática que se pongan restricciones al legítimo derecho de los ciudadanos de decidir libremente quién es su representante en el Congreso (…). En suma, si bien restringir la reelección puede tener la virtud de alejar del Congreso a parlamentarios que se han entregado a prácticas que distorsionan la función legislativa, también margina a aquellos que han hecho aportes relevantes y que han realizado debidamente su labor, todo lo cual corresponde que en democracia sea discernido por los electores”. Esta última idea, esto es, que corresponde a los electores decidir libremente quiénes son sus representantes, es crucial aunque en esta editorial es utilizada de una manera que limita su importancia.

Limitar el número de re-elecciones de los parlamentarios, no es inconveniente en razón del desperdicio de capital humano, sino que es fundamentalmente contrario a una práctica democrática. Las razones son bastante simples pero en los tiempos que vivimos puede que no sean evidentes.

Vivimos en una democracia representativa. Toda explicación de que el pueblo es el que gobierna a través de sus representantes descansa en definitiva en dos aspectos. El primero es que las autoridades son elegidas por sufragio universal, en elecciones libres y competitivas. El segundo es que dichas autoridades son responsables por sus acciones ante los ciudadanos.

Nuestro diseño institucional para los efectos de cautelar este segundo elemento prescinde de mecanismos institucionales para que los ciudadanos se aseguren de que sus representantes defiendan adecuadamente sus intereses. Las autoridades electas tienen, en este sentido, una gran independencia respecto de los ciudadanos. Ante la ausencia de otros mecanismos institucionales, negarle la reelección es la única forma que tiene la ciudadanía de hacer responsable a sus representantes por sus acciones. Por diferentes razones puede ser importante que los representantes tengan cierta autonomía respecto de sus electores, pero dicha autonomía no puede ser ni total ni permanente.

En las elecciones los actos del representante son juzgados y su proceder evaluado, no necesariamente en términos de legalidad o ilegalidad, calidad humana, o valor para la función legislativa, sino en términos puramente discrecionales con los estándares democráticos que sólo la voluntad de la ciudadanía puede aportar.  Esto hace que de la reelección un momento democrático en que la ciudadanía puede no sólo autorizar a un representante a defender sus intereses sino que también puede hacerlo responsable de sus acciones pasadas. Estoy no sólo tiene un impacto en el comportamiento de los representantes sino que también empodera a la ciudadanía y enriquece el sentido del acto de votar.

En este sentido, limitar la posibilidad de reelección es eliminar una posibilidad de los ciudadanos de hacer responsables a sus representantes. El discurso de decepción y descontento con la política, debe ser canalizado hacia el empoderamiento de la ciudadanía y no en dirección contraria. Limitar la reelección es conceder el punto a quiénes creen que la política institucionalmente mediada tiende necesariamente a la corrupción y por tanto hay que limitarla a una mínima expresión. En ese sacó caben tanto quienes abrigando las banderas de una supuesta democracia participativa abogan por el fin de los partidos políticos y la asunción de los movimientos ciudadanos, como también quienes tradicionalmente temen a la acción trasformadora de la política y el Estado.  La defensa de la política democrática requiere el esfuerzo de construir y reforzar, allí donde estén rotos o se hayan deteriorado, los canales de comunicación entre la sociedad civil y el sistema político. Para ello, resulta urgente hacer de nuestras elecciones algo más rico, democráticamente hablando, de lo que actualmente son.

Las reformas institucionales para lograr que las elecciones sean más competitivas, igualitarias y posibiliten, por ejemplo, una mayor participación de jóvenes y mujeres no deben pasar por limitar la reelección, sino que deben apuntar a otros elementos del sistema político que no tengan un impacto negativo en los mecanismos de control de la ciudadanía y permitan al mismo tiempo perseguir los intereses de renovación y oxigenación de la política. De entre este tipo de reformas que se requieren, los más importantes son, primero, la modificación del sistema electoral binominal, abriendo la posibilidad de integrar el Congreso a grupos que representan intereses tradicionalmente excluidos y entregando a la ciudadanía el poder de decidir quién ganó y quién perdió la elección. Segundo, la consolidación de la democracia interna de los partidos en particular en la selección de los candidatos a cargos de representación popular. Tercero, una reforma al sistema de financiamiento electoral, eliminando cualquier fuente de financiamiento privada e incrementando los mecanismos de control del gasto electoral no autorizado. Cuarto, el avance en una ley de cuotas electorales que garantice una equilibrada participación de grupos desaventajados, en particular, mujeres. Estos son algunas de las reformas que podrían tener un positive impacto en renovar la política sin tener un impacto negativo en nuestra práctica democrática. 

Un comentario final. Es cierto que en el actual diseño institucional del sistema político chileno, el límite a la reelección podría contribuir a avanzar hacía una reconexión de la sociedad y el sistema político. Sin embargo, dicha reconexión sería limitada e insuficiente. Si se considera en su contexto, esta medida pretende ser la solución para un problema que tiene un diagnostico y unas soluciones claras esperando ser implementadas. Los cuatro ejemplos del párrafo anterior son parte de ellas. De ser aprobada, esta reforma será una victoria pírrica para la democracia, distrayendo la vista de las medidas que son más urgentes e importantes para la adecuación del diseño institucional del sistema político chileno a los requerimientos de la democracia como autogobierno del pueblo.

*Quiero agradecer a los comentarios de Diego Gil y Felipe Leiva

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Comentarios

2 comentarios en “El límite a la reelección

  1. ¿Tú dirías que el parlamentario que no postula a la reelección impide que los ciudadanos “se aseguren de que sus representantes defiendan adecuadamente sus intereses”? ¿Propondrías una especie de repostulación inmediata para que los ciudadanos pudieran efectivamente pronunciarse sobre el desempeño de su representante?

    Publicado por Anónimo | 20 de septiembre de 2013, 5:01 PM
  2. Lo que defiendo en esta columna es la idea de que las elecciones funcionan como un mecanismo de legitimidad prospectiva y control retrospectivo. En ese sentido, sí, el parlamentario que no repostula le quita la oportunidad a los electores de juzgarlo. Que ello implique que debamos forzarlo a repostular, no lo tengo tan claro. Por el contrario, me parece correcto pensar que un parlamentario que no respostula, siendo un político profesional y teniendo la salud compatible, asume su fracaso en representar los intereses de los ciudadanos y asume la responsabilidad política que ello implica.

    Lo más importante, en mi opinión, es que esto se haya hecho una especie de bandera de lucha de la renovación de la política cuando en realidad es un voladero de luces.

    Publicado por Pablo Marshall | 23 de septiembre de 2013, 11:25 AM

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