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Análisis crítico del derecho

Las deudas del Estado de Chile con las víctimas de tortura. A 40 años del Golpe de Estado

Por Catalina Lagos Tschorne*

Durante la dictadura cívico-militar se torturó de forma sistemática por parte de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, con el objeto de obtener información y de sembrar el miedo tanto en las víctimas inmediatas de la tortura como en el resto de la sociedad. En ese contexto, el método de tortura utilizado en contra de las mujeres fue principalmente el de la violencia sexual.

Verdad

El primer reconocimiento oficial de la aplicación habitual de la tortura durante la dictadura fue realizado en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reparación (Comisión Rettig), publicado en 1991, en el que se a calificó por una parte a víctimas de violaciones de derechos humanos, y por otra, a personas que fueron víctimas de violencia política. Dentro de las primeras, además de las desapariciones forzadas y las ejecuciones, se calificó a las personas que fueron objeto de torturas con resultado de muerte.

Con posterioridad, en el año 2004, se reconoció de manera detallada la comisión masiva y sistemática del delito de tortura por parte de agentes estatales en contra de la población civil en el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Comisión Valech) y por primera vez se calificó oficialmente por el Estado a víctimas sobrevivientes por las torturas que sufrieron. Se recibieron los testimonios de más de 35.000 personas, calificándose a 28.459 personas como víctimas de prisión política y tortura. Lamentablemente, por el mandato restrictivo de la Comisión Valech, no pudieron ser calificadas un número importante de víctimas que concurrieron a dar su testimonio, entre ellas, las personas privadas de libertad en manifestaciones públicas que luego fueron puestas a disposición de los tribunales de policía local o de algún tribunal del crimen por delitos comunes y luego condenadas por ellos; las personas que sufrieron abusos y vejámenes en allanamientos violentos a domicilios y arrestos domiciliarios (ratoneras); las personas respecto de las cuales no se pudo comprobar la “motivación política” de su detención; y las personas detenidas y torturadas fuera del territorio nacional pero con la intervención de agentes del Estado de Chile o de personas a su servicio (entre ellas, detenciones practicadas a chilenos y chilenas en Argentina, por orden de los aparatos represivos chilenos, en el marco del Plan Cóndor). El mandato restrictivo de la Valech generó que víctimas de tortura hayan quedado sin la posibilidad de ser reconocidas ni de obtener reparación.

En cuanto a las mujeres, es posible mencionar que si bien el Informe Valech hace referencia a la violencia sexual que ellas sufrieron de manera sistemática, no se abordan ni sus causas ni sus consecuencias, esta forma especial de tortura tampoco se reflejó en las reparaciones que ellas recibieron, ya que no se establecen reparaciones diferenciadas sino que una sola categoría neutra.

Finalmente, en 2011, a través del Informe de la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura (Valech II), se calificaron otros 9.795 casos de sobrevivientes de prisión política y tortura, entre los cuales, esta vez, sí se reconoce a las víctimas torturadas y detenidas en el extranjero por orden de los aparatos represivos chilenos, en el marco de la Operación Cóndor, pero nuevamente quedan fuera muchas víctimas por la ya mencionada restrictividad del mandato de la Comisión Valech, del cual la Valech II es una simple continuadora.

En total se ha calificado a 38.254 víctimas de prisión política y tortura.

Inexplicablemente, y a diferencia de lo sucedido con la Comisión Rettig, se tomó la decisión de prohibir la remisión a tribunales de los antecedentes, testimonios y documentos recopilados por las Comisiones Valech I y II, revistiéndoseles de carácter secreto durante el lapso de 50 años. Esto ha sido objeto de recomendaciones por parte del Comité contra la Tortura, que en el año 2009 instó al Estado Chileno a derogar la disposición de la Ley 19.992 mediante la cual se establece el secreto durante 50 años de la información relativa a la práctica de la tortura durante la dictadura.

Justicia

Los delitos de tortura cometidos durante la dictadura -en tanto violaciones a los derechos humanos- hacen surgir para el Estado la obligación de investigar, sancionar y reparar. Adicionalmente, por el contexto en el que son cometidos, constituyen delitos de lesa humanidad, siendo estos imprescriptibles e inamnistiables. Sin embargo, hasta la fecha no ha existido una política de Estado encaminada a perseguir, enjuiciar y castigar a los culpables de estos delitos.

En el ámbito del Poder Ejecutivo, el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, creado en 1997, tiene el mandato para participar o iniciar la investigación de casos relacionados únicamente con desapariciones y ejecuciones, no pudiendo involucrarse en casos de tortura (lo mismo sucede con su mandato de brindar asistencia social, la que está dirigida exclusivamente a familiares de desaparecidos y ejecutados). El programa se ha hecho parte en cerca de 592 procesos por violaciones a los derechos humanos, lo que representa a un número importante de víctimas, ninguna de ellas del delito de torturas. Por supuesto, no existe otra a nivel gubernamental destinada a impulsar el conocimiento judicial de los casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

Es más, no existe ni siquiera una instancia permanente dedicada a recibir denuncias y calificar a personas víctimas de desapariciones, ejecuciones y torturas durante la dictadura, como tampoco a realizar seguimiento y mantener un registro actualizado de las personas que ya han obtenido calificación. Los acotados periodos de recepción de denuncias y de calificación por parte de las Comisiones Rettig, Valech y Valech II y la inexistencia de un organismo permanente que vele por la recepción de nuevas denuncias, antecedentes y la entrega de beneficios ha sido objeto de recomendaciones para Chile por parte de organismos internacionales de protección a los derechos humanos, como el Comité contra la Tortura y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas.

En el marco del Poder Judicial, tampoco ha existido una política dirigida a impulsar la judicialización de casos de tortura cometidos durante la dictadura. La gestión realizada por la Fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago Beatriz Pedrals, mediante la cual presentó 726 querellas ante el Ministro en Visita Extraordinaria Mario Carroza, por casos de graves violaciones a los derechos humanos respecto de los cuales no había investigación judicial, constituyó una potente señal de la intención del Poder Judicial de investigar los crímenes de la dictadura, sin embargo y lamentablemente las querellas sólo se referían a casos de desapariciones forzadas y ejecuciones políticas, sin incluir casos por tortura.

En ese mismo sentido, el Auto Acordado de la Corte Suprema que regula la tramitación de los casos seguidos por graves violaciones a los derechos humanos, el Acta 80 de 2010, dispone que sean conocidas por Ministros/as en Vista Extraordinaria o de Fuero únicamente las causas seguidas por desapariciones o ejecuciones, excluyendo, de manera injustificada, a los casos en que se investigan delitos de tortura cometidos en dictadura. El acta mencionada tiene por objeto facilitar el desarrollo de los “procesos sobre violación a los derechos humanos”, de modo que no se comprende el porqué de la exclusión de las causas por tortura. Esto ha significado en la práctica, que los y las abogadas que litigan estas causas debieron enfrentarse a obstáculos adicionales para lograr que el conocimiento de estos casos lo realizara un ministro de fuero o en visita.

Por otra parte, resulta lamentable constatar que no existe una base de datos central periódicamente actualizada que nos permita conocer el número de casos que están siendo investigados por delitos de tortura cometidos contra víctimas sobrevivientes durante la dictadura militar, como tampoco el número de sentencias definitivas que hasta la fecha se han dictado en casos de esta naturaleza. Ni el Programa de Derechos Humanos ni el Instituto de Derechos Humanos poseen información actualizada, y si bien el Poder Judicial posee información sobre las causas que se siguen por graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (que es centralizada por el Ministro Coordinador de estas causas, Hugo Dolmech) esta no se encuentra desagregada, y no distingue entre víctimas desaparecidas, ejecutadas o sobrevivientes. Es por ello que no es posible señalar con precisión cuántos casos por tortura están siendo investigados en la actualidad. De acuerdo al Boletín de Estadísticas del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, las causas criminales actualmente activas por ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas, inhumación ilegal o asociación ilícita cometidas entre 1973 y 1990 rondarían las 1.300 causas, de las cuales no más de 33 corresponderían a causas por delitos de tortura, lo que constituye un número ínfimo de casos atendido el importante número de víctimas de torturas que han sido calificados por el Estado.

La inexistencia de una base de datos que sistematice la información también dificulta la tarea de identificar sentencias dictadas en relación con delitos de tortura cometida contra víctimas sobrevivientes. Hasta la fecha, la Corte Suprema ha dictado poco más de 150 sentencias en causas por graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar. Entre las cuales a lo menos 3 están relacionadas con delitos de tortura cometidos en contra de víctimas sobrevivientes.

La primera de estas sentencias recae en la causa conocida como “Torturas AGA” (Rol 8113-08, de 24 de septiembre de 2009), en la que se investigaron los delitos de tortura cometidos en contra de 11 hombres y 6 mujeres entre el 11 de septiembre de 1973 y enero de 1975 en la Academia de Guerra Aérea (AGA) de la Fuerza Aérea (FACH), en que se condenó a dos agentes a las penas de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo, los que gracias a la otorgación de beneficios, quedaron en definitiva cumpliendo sus penas en libertad (para más detalles ver el recuadro al final del texto).

La segunda sentencia de la Corte Suprema que identificamos, es la recaída sobre la causa Rol 5898-10, de fecha 5 de octubre de 2011, conocida como “Torturas Carahue”, en que se condenó a Jorge Nibaldo del Río a cuatro penas de 100 días de presidio menor en su grado mínimo, por los delitos de apremios ilegítimos cometidos en contra de 4 personas y a Orlando Moreno con una pena de 200 días de presidio menor en su grado mínimo por los apremios ilegítimos cometidos en contra de 1 persona.

La tercera sentencia, recae sobre el caso “Estudiantes Temuco” (Rol 6221-10, de 11 de octubre de 2011), en el que se investigó la detención y tortura de un grupo de estudiantes de Temuco por parte de agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) en enero de 1986. En este caso se condenó a 540 días de presidio menor en su grado mínimo a Jorge Palacios Mery, Pedro Javier Guzmán Olivares, Benito Abner Parimán Saavedra y Segundo Erasmo Bravo Huaiquiñir por su intervención en calidad de autores de los ilícitos de apremios ilegítimos cometidos en contra de 4 mujeres y 9 hombres, concediéndoles el beneficio de la remisión condicional de la pena por el mismo lapso de la sanción impuesta, lo que les permite cumplir sus penas en libertad.

Como puede apreciarse, la magnitud de las condenas y la concesión de beneficios no dice relación con el número de víctimas involucradas en cada caso ni con la gravedad de los delitos investigados.

Palabras finales

La tortura significa un ataque a la esencia misma de la dignidad de la persona y constituye sin lugar a dudas una de las violaciones a los derechos humanos más horrorosas y repudiables que se pueden cometer, por ello es que se encuentra absolutamente prohibida por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

A 40 años del Golpe de Estado, desgraciadamente, las deudas del Estado en relación con las víctimas de tortura durante la dictadura cívico-militar son muchas. Es innegable que en nuestro país existe un importante déficit en materia de reconocimiento de las víctimas de tortura por parte de las comisiones Valech. Parte importante de la verdad no está consignada en los informes de las comisiones y muchas víctimas no gozan ni de reconocimiento ni han podido optar a la reparación que les corresponde. En materia de justicia, un tremendo manto de impunidad cubre a los responsables de los crímenes de tortura cometidos durante la dictadura.

Recae sobre el Estado la obligación de garantizar la obtención de verdad, justicia y reparación a todas las víctimas de tortura durante la dictadura cívico-militar, lo que implica, a lo menos, instaurar comisiones permanentes de verdad para la recepción de denuncias y calificación de víctimas de tortura durante la dictadura, tomar todas las medidas necesarias para que se investigue, persiga y sancione adecuadamente a quienes hayan cometido delitos de tortura y adoptar las medidas necesarias para que se asegure una adecuada reparación a las víctimas.

Tres sentencias dictadas por la Corte suprema en casos relacionados con delitos de tortura:

La primera de estas sentencias recae en la causa conocida como “Torturas AGA” (Rol 8113-08, de 24 de septiembre de 2009), en la que se investigaron los delitos de tortura cometidos en contra de 11 hombres y 6 mujeres entre el 11 de septiembre de 1973 y enero de 1975 en la Academia de Guerra Aérea (AGA) de la Fuerza Aérea (FACH). En primera instancia se condenó a Edgar Benjamín Ceballos Jones y a Ramón Pedro Cáceres como autores del delito de tormentos o rigor innecesario causando lesiones graves respecto de los 17 hombres y mujeres querellantes, imponiéndoseles una condena única de 541 días de presidio menor en su grado medio, accesorias de suspensión de cargo u oficio público por el tiempo de la condena, otorgándosele a Cevallos Jones el beneficio de la reclusión nocturna y a Cáceres Jorquera el de la remisión condicional de la pena. Posteriormente, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó el fallo de primera instancia, con declaración de que se elevó a 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo la pena impuesta a los procesados, con las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, sustituyéndose las medidas alternativas o beneficios concedidos a los condenados, por el de la libertad vigilada para ambos, quedando sometidos a la vigilancia de la autoridad administrativa por el lapso de cuatro años. La Corte Suprema rechazó los recursos de casación presentados por los condenados, confirmándose entonces la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones, que condena a dos agentes a las penas de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo pero que gracias a la otorgación de beneficios, quedaron en definitiva cumpliendo sus penas en libertad.

La segunda sentencia de la Corte Suprema que identificamos, es la recaída sobre la causa Rol 5898-10, de fecha 5 de octubre de 2011, conocida como “Torturas Carahue”, en la que se rechazan los recursos de casación presentados por dos acusados y por el Fisco de Chile, quedando firme la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones, en los términos que expondremos a continuación. En primera instancia, se condenó a Jorge Nibaldo del Río del Río como autor de los delitos de detención ilegal de 4 hombres en septiembre de 1973 en Carahue, a cuatro penas de 60 y 1 días de reclusión menor en su grado mínimo y a la suspensión de su empleo público por igual periodo y también se condenó a Orlando Moreno Vásquez como autor del delito de detención ilegal de 1 hombre en mayo de 1974 en Temuco, a la pena de 200 días de reclusión menor en su grado mínimo y a la suspensión de empleo público por dos años y un día, concediéndosele el beneficio de la remisión condicional de la pena por un año. Posteriormente, la Corte de Apelaciones, conociendo recursos de apelación, modificó la tipificación asignada a los hechos establecidos, resolviendo que se trataba del delito de apremios ilegítimos que sancionaba el artículo 150 N° del Código Penal, declarando que Jorge Nibaldo del Río quedaba condenado a cuatro penas de 100 días de presidio menor en su grado mínimo, cada una, más la accesoria de suspensión de cargo u oficio público por el mismo tiempo, en tanto que Orlando Moreno resultó sancionado con una pena de 200 días de presidio menor en su grado mínimo y a la misma accesoria ya mencionada.

La tercera sentencia, recae sobre el caso “Estudiantes Temuco” (Rol 6221-10, de 11 de octubre de 2011), en el que se investigó la detención y tortura de un grupo de estudiantes de Temuco por parte de agentes de la Central Nacional de Información (CNI) en enero de 1986. En primera instancia se absolvió a los acusados Jorge Palacios Mery, Pedro Javier Guzmán Olivares, Benito Abner Parimán Saavedra y Segundo Erasmo Bravo Huaiquiñir de los cargos de ser autores del delito de apremios ilegítimos, previsto en el artículo 150 N° 1 del Código Penal. Posteriormente, la Corte de Apelaciones, revocó dicha sentencia, y dispuso en su lugar la condena a 540 días de presidio menor en su grado mínimo y la accesoria de suspensión de cargo u oficios públicos durante el tiempo de sus condenas, por su intervención en calidad de autores en el ilícito de apremios ilegítimos cometidos en contra de 4 mujeres y 9 hombres, concediéndoles el beneficio de la remisión condicional de la pena por el mismo lapso de la sanción corporal impuesta, lo que les permite cumplir sus penas en libertad.

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* Abogada. Diplomada en Derechos Humanos y Mujeres: Teoría y Práctica y Diplomada en Derechos Indígenas, Medioambiente y Procesos de Diálogo en el marco de la Consulta del Convenio 169, ambos en la Universidad de Chile. Candidata a Magister en Derecho con mención en Derecho Público de la Universidad de Chile. Actualmente se desempeña como Investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile.

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Acerca de grupodevaldivia

Un espacio para reflexionar sobre el derecho, la igualdad, la libertad y la fraternidad.

Comentarios

Un comentario en “Las deudas del Estado de Chile con las víctimas de tortura. A 40 años del Golpe de Estado

  1. Buena Cata, potente columna…inaceptable la pasividad del Estado

    Publicado por Anónimo | 10 de septiembre de 2013, 11:57 PM

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