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Formas de acción

Función pública y conflictos de interés

Por Pablo Marshall

Carlos Peña repite incansablemente –en una de cada dos de sus columnas– la idea de que la dignidad de la función pública ha sido defraudada; que el estándar de conducta a las autoridades es diferente y más demandante que el del resto de los ciudadanos. En esta idea yo veo, como es común ver en las columnas de Peña, una inexplicable idealización republicana. ¿No sería más fácil tratar de entender las reglas del juego que se está jugando?

Pensar que las autoridades deben comportarse en el ejercicio de su función conforme a estándares que no son los propios de la racionalidad estratégica, parece en algún sentido ingenuo en un contexto social en que el auto-interés es la mayor de las virtudes y el éxito económico el mayor de los triunfos. Muchas veces cuando leo el argumento, pienso que es una especie de estrategia retórica; incluso alguna vez pensé en la palabra pichuleo.

En esta columna quiero tratar el tema de los conflictos de interés en el ámbito de la función pública y en particular sobre cómo la idea que tengamos de ésta última podría implicar una necesidad de modificar las reglas que los regulan.

De la política de las virtudes hacia la otra política

Hay pocas expresiones que tengan menos sentido hoy en Chile que la de ‘responsabilidad política’. Se usa para expresar que no queda otra que pedir disculpas, cuando alguien está totalmente acorralado y no puede ni desviar el tema sobre el que es imputado ante la prensa pusilánime que tenemos, ni tampoco negar unos hechos que ya se han hecho públicos y notorios. Algo así como un anti-harakiri. Que no tengamos responsabilidad política, a mi juicio, es la otra cara de la carencia de virtud política. Entonces las responsabilidades que se generan no son infracciones a los estándares de conducta fijados por la virtudes republicanas, sino que basados en la propia lógica oposicional del sistema político. Son simplemente errores comunicacionales que puede tener un gran costo político, sí, pero estan lejos de basarse en infraccion de normas éticas. En esos casos la responsabilidad se construye como una performance en la cual los aciertos y errores cognitivos por un lado, y la maldad y la bondad de los personajes forman los pilares de una épica política banalizada.

En este contexto, el rol clave en la búsqueda de los estándares de conducta que deseamos de nuestra autoridades no puede hacerse apelando a la dignidad de la función pública, fundamentalmente porque la palabra dignidad –junto con la palabra virtud– está vacía de contenido. Más útil y realista parece ceñirse en esta materia al legalista espíritu de los tiempos, que como antaño quedara plasmado en el trasfondo de los códigos liberales, en la cláusula que dice que “todo lo que no está prohibido me está permitido”, con un nuevo apéndice que señala “a menos que algún otro sea capaz de mostrar al público que soy o imbécil o abusador”.

Nos hayamos en un momento en que las virtudes republicanas con las que argumenta Peña no son más que fantasmas del pasado en que nuestras instituciones democráticas fueron forjadas. Hoy, y de acuerdo al modelo en que los intereses particulares tienen cabida legítima en política, y en que no parece escandaloso argumentar que lo público se limita a la organización y coexistencia de esos intereses particulares, uno bien podría cuestionarse cuáles son las ventajas del modelo de gobierno democrático por sobre el modelo de gestión corporativa. Tomando con ánimo cínico a Montesquieu, bien podría decirse que si la economía es el verdadero principio detrás del régimen, y la tecnocracia es la identidad del régimen político, por qué no sujetar a las autoridades públicas a un régimen estatutario corporativo.

Vivimos los tiempos del neoliberalismo. Y es que dentro del modelo siempre se producirán ciertos ajustes. Atenerse al juego dentro de la racionalidad estratégica de una democracia de masas en una sociedad neoliberal requiere de cuando en cuando de un ajuste de las reglas que regulan la conducta de las autoridades. En un contexto de transito desde una institucionalidad basada en las virtudes republicanas de unos pocos hacia modelo que está basado en la simple persecución del interés individual de todos se crean este tipo de disonancias que exigen ajustes.

Al igual que la economía de mercado necesita competencia, y los oligopolios para ella son incluso peores que la economía planificada, nuestra práctica de la función pública carece de coherencia con su estatuto regulatorio lo que hace el que vivamos el peor de los escenarios posibles. Peor que la eventual privatización completa de las funciones estatales en que cada funcionario sería sujeto a supervisión y evaluación constante y sería incentivado para lograr el aumento de la producción. Sin dudas peor a un modelo de la función pública en que el amor por la polis es el único motor de las autoridades, al estilo ateniense. Lo que tenemos hoy es el peor de los escenarios. Por un lado, una regulación que confía en las autoridades aman a su pueblo y quieren lo mejor para todos y, por otro lado, una práctica en la cual el interés privado desborda hasta las más serias escenificaciones de virtud, y a veces lo hace desvergonzadamente. Una práctica en que la mujer del Cesar no requiere ser honesta, sino que sólo debe parecerlo.

¿Para qué regular la función pública?

¿A dónde quiero ir con todo eso? Creo que debemos movernos de donde estamos hacia uno u otro lado pero no quedarnos en el peor de los escenarios. Las opciones son dos.

La primera, es cambiar la regulación para adaptarla a la práctica de la política auto-interesada. Una regulación en que no haya márgenes, concesiones ni buena fe y en que todo aquel que ostenta algún grado de poder es por defecto sospechoso de abuso de tal. Haciendo que las reglas que regulan a nuestras autoridades sean más estrictas, claras y siempre justiciables. Una sociedad de la cual estas reglas fueran el reflejo, esto es una plenamente neoliberal, en que el interés general sea reducido finalmente y absolutamente al interés particular, no sólo no es compatible con la democracia y los derechos humanos sino que es difícilmente es compatible con la humanidad misma.

Paradójicamente, un tipo similar de modificaciones son las que requiere la segunda de las opciones, la de defender nuestras instituciones democráticas en busca de reestablecer la virtud pública. Ello requiere hoy también cambios regulatorios.

El propósito y significado de dichos cambios sin embargo sería diferente. Serían cambios regulatorios que reeduquen a quienes aspiran a ejercer el poder por medio de la práctica de las instituciones virtuosas. Para enseñarle al director del SENCE que es impresentable que él contrate con una empresa de la que es propietario, debemos prohibir que contrate con tal empresa y quizás mandarlo a la cárcel. Cuando el director del SII condone deuda a aquellos quienes tienen negocios relacionados: igual. Cuando los parlamentarios no declaren las sociedades en las que tienen interés: igual. Y así. Eso podría hacer que los que quieren ocupar los cargos públicos entiendan que no pueden hacer tales cosas, y después de un tiempo la mera imaginación de tales cosas será algo imposible, inimaginable. Las virtudes serían cultivadas mediante los temores.

Después de un tiempo las prohibiciones no serán necesarias, serán la letra muerta de una práctica viva. Sin embargo, en el país en que vivimos hoy ellas son necesaria para poder defender la mera esperanza de tal práctica. Cuando se espera que nuestras autoridades se comporten virtuosamente, debe reconocerse que se defiende el correcto y justo principio, el único compatible con las instituciones democráticas. Sin embargo, cuando esa expectativa no aprende después de numerosas decepciones que nuestros tiempos no son los de la virtud si no los de la sagacidad, insisto, o es ingenuidad o es como esos chistes repetitivos, que son divertidos sólo una vez.

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