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Análisis crítico del derecho

Subsidiariedad, libertad de expresión y otras hierbas

Por Christian Viera Alvarez

El cierre del diario La Nación acordado por su Junta de Accionistas, el inminente cierre de la Editorial Jurídica de Chile o el rol de TVN, ha revivido una tímida polémica en torno al estatuto de la libertad de expresión en Chile. Por supuesto, se trata de un debate que se da principalmente en las redes sociales y, desde los masivos medios de comunicación esta discusión se ha invisibilizado. Sobre el punto, permítanme algunas reflexiones.
Por de pronto, hay muchas aristas que despejar y en primer lugar, lo que se observa es una confusión en el Ejecutivo para justificar medidas concretas en el ámbito de la libertad de expresión y el rol del Estado. Sobre el cierre de La Nación, dijo en su momento el ministro Chadwick que no es rol del Gobierno mantener un medio de comunicación social. Y en eso no le falta razón. Es más, compartimos esa premisa. Sin embargo, se equivoca el ministro al justificar de esta manera el cierre, ya que ese medio de comunicación no depende de la autoridad ejecutiva de turno sino que del Estado. La Nación es una empresa del Estado de Chile y no del Gobierno. Y si esto es así, lo que corresponde revisar es la razonabilidad de que un medio de comunicación se configure como una empresa del Estado. Es análoga la situación que ocurre con TVN y el rol del Estado en la TV. ¿Por qué el Estado debe contar con una señal de televisión? Pues, porque, al menos en teoría, permite y favorece un sano pluralismo expresivo y la apuesta por una señal que no sólo responda a los requerimientos de la audiencia. Podríamos decir que se trata de una razón de interés general. Con todo, y como siempre, en el caso de la TV y La Nación, para el caso chileno esto no se cumple, dado que se les exige autofinanciamiento. Por qué. Y aquí entramos al segundo punto: el principio de subsidiariedad.
Etimológicamente, subsidiariedad proviene del latín subsidium (sub y sedere), que significa socorro, ayuda, o auxilio extraordinario. Sin embargo, este principio es de interpretación compleja y, en ningún caso, de funcionalidad unívoca, ya que puede referirse a materias competenciales, a características del sistema democrático o a asuntos económicos, principio que encuentra su sustento en el Magisterio Oficial de la Iglesia Católica.
Si bien la Doctrina de la Iglesia es una propuesta, entre muchas, acerca del rol que cabe al Estado en la economía, es importante esta referencia, porque la interpretación neoliberal del principio de subsidiariedad que se hace en Chile, pretende encontrar un fundamento en las encíclicas papales.
En el caso de la interpretación neoliberal realizada por parte de la doctrina, ésta presenta dos notas que conviene destacar. La primera es que basa sus postulados en una interpretación “libre” de la Doctrina Social de la Iglesia y la segunda en que postula un rol abstencionista del Estado.
En relación a los fundamentos encontrados en la Doctrina de la Iglesia, digo “libre” porque los autores asumen las posturas de la Iglesia pero sólo en cuanto se refieren al rol pasivo (o subsidiario) del Estado, pero no cuando los documentos pontificios destacan y aplicación del principio de solidaridad.
Tratándose del rol abstencionista del Estado, el autor más representativo de esta orientación es Fermandois quien, basándose en Guzmán, propone una interpretación del principio de subsidiariedad que consiste en un rol abstencionista de parte del Estado. Funda su opinión se basa en el famoso parágrafo 80 de Quadragésimo anno, y a partir de ahí hace una explicación “del bastidor filosófico del principio de subsidiariedad” (1).
Señala ese autor que si bien la persona tiene el primado de lo real, en que lo más importante es su despliegue en libertad, no es menos cierto que el individuo es un ser social que tiende a reunirse con otros para formar agrupaciones. Entonces, para que el despliegue personal sea eficaz, las asociaciones han de gozar de la debida autonomía de la sociedad mayor, en este caso el Estado, para realizar los cometidos que pueden hacer por sí mismas (2).
De ahí que señale diversos requisitos que justifican la actuación del Estado, “intervención de suyo excepcional, temporal, y revela una falla en la estructura social que debe en definitiva repararse” (3).
Aun cuando no lo señala Fermandois, conclusión inevitable de una propuesta de esta naturaleza es la entrega de todos los sectores sociales a la regulación económica por los particulares, incluidas actividades sensibles como la educación, vivienda, sanidad, seguridad social, transporte, etc, porque finalmente todas las esferas del mundo de la vida pueden ser asumidas por la iniciativa económica privada y Guzmán expresamente así lo señala: “la subsidiariedad es aplicable a todos los campos de la vida social” (4). Y si esto es así, para qué el Estado debe ser propietario de un medio de comunicación social, si los privados lo pueden hacer y muy bien.
Y este es el punto; para qué queremos más Estado. Al respecto, conviene recordar una vieja polémica y resulta obligatorio analizar la sentencia del TC chileno a propósito de la llamada “Ley de Prensa”. En este caso, la sentencia viene a limitar el campo de acción del Estado en varios aspectos. Por de pronto, declara inconstitucional la norma del proyecto de ley sobre pluralismo en el sistema informativo (el art. 9 disponía la obligación del Estado de asegurar “la expresión efectiva de las distintas corrientes de opinión”) ya que “desde el momento en que se impone al Estado la obligación de equilibrar el flujo noticioso a fin de pretender una pluralidad ideológica o cultural, y para así hacerlo ha de imponer obligaciones a los medios de comunicación social, significa una intromisión indebida en las decisiones que pueda adoptar un medio de comunicación, interferencia que no sólo constituye una clara violación a la autonomía de ese medio que la Constitución reconoce, ampara y garantiza” (5).
Pero además, la sentencia desestima la legitimidad constitucional del proyecto de ley en lo relativo a la propiedad y control de los medios, pues declara inconstitucional la normativa referida a porcentajes máximos de propiedad y control de medios por infringir, entre otras disposiciones constitucionales, el Nº 21 del art. 19, es decir, la libertad de empresa (6).
Y esto último no deja de ser preocupante, porque la libertad de expresión no tiene relación sólo con la censura, sino con la posibilidad real y efectiva de manifestar un legítimo pluralismo político. Desde el momento en que se concentra la propiedad de los medios en unos pocos grupos económicos, el peligro de interpretar la realidad desde una sola perspectiva está latente y en Chile esto es una realidad, porque son dos los principales grupos económicos que controlan los principales medios de comunicación escrita, quienes marcan la pauta informativa, pero además al interpretar los hechos, no escatiman esfuerzos en sobredimensionarlos y asumir como verdad una realidad que puede ser discutible.
La intencionalidad del proyecto de ley era legítima, porque en Chile es evidente que la falta de pluralismo político en los medios de comunicación está asociada a la concentración de la propiedad en grupos económicos que defienden una cosmovisión de la sociedad, legítima por cierto, pero discutible. Y, en defensa de la libertad de empresa, se ha puesto en serio riesgo el pluralismo político que debe existir en una sociedad democrática. Lo que se echa de menos en la sentencia del TC, es un análisis de las normas conflictivas del proyecto a la luz del principio de proporcionalidad, porque es evidente que en esta materia existe una colisión de derechos fundamentales que no debió ser resuelto aisladamente sino que en base a una hermenéutica abierta y considerando el efectivo contexto histórico.
En síntesis, la propuesta actual del rol del Estado frente a los medios de comunicación responde a razones ideológicas evidentes y es necesario que se revelen. La mala utilización que hicieron los gobiernos de turno, tanto en democracia como en dictadura, no justifica la clausura, puesto que podría haber sido la oportunidad para su refundación. No obstante, la libertad de expresión, que se profundiza con el derecho a ser bien informado, una vez más queda desamparada en un país que es indolente, o al menos indiferente ante un derecho tan preciado y antiguo.
Por tanto, la fórmula mágica en esta materia es: subsidiariedad + propiedad + libertad de empresa = menos Estado. Si bien quedan pocos defensores públicos del principio que comentamos, a como lo había en los 80’ y 90’, eso no significa que deje de estar operativo. Lo está más que nunca, y las discusiones sobre el derecho a la educación, reforma tributaria o, en este caso, el derecho a la información, son testimonio elocuente de su vigencia y actualidad. Por lo mismo, urge hacer luz de las verdaderas razones de decidir y discutir la pertinencia y razonabilidad de las medidas que se adoptan en diferentes ámbitos, que de neutralidad ideológica nada tienen.

Citas

(1) Fermandois, A., Derecho Constitucional Económico, omo I, 2ª edición, Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago, 2006, p. 89.
(2) Cf. Ibid., p. 90; Rojas Sánchez, G. et al, Derecho Político. Apuntes de las clases del profesor Jaime Guzmán Errázuriz, Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago, 1996, pp. 51 – 52.
(3) Fermandois, A., Derecho Constitucional Económico, op. cit., p. 90.
(4) Rojas Sánchez, G. et al, Derecho Político. Apuntes de las clases del profesor Jaime Guzmán Errázuriz, op. cit., p. 56.
(5) STCCh, rol 226, de 30 de octubre de 1995, considerando 31º.
(6) STCCh, rol 226, de 30 de octubre de 1995, (considerandos 41 – 45).

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