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Asamblea Constituyente. Respondiendo algunas preguntas, parte I

Por Felipe Leiva F.

Tanto esta columna como la que le seguirá pretenden responder algunas de las preguntas y críticas de quienes se oponen o miran con escepticismo la idea de una Asamblea Constituyente y/o de una nueva constitución para Chile. La idea es identificar los puntos centrales de los cuestionamientos a estas iniciativas, analizar si es que ellos resultan o no razonables y ofrecer algunas explicaciones respecto a las dudas e interrogantes que, legítimamente, se han ido planteando estas últimas semanas. En esta instancia, la pregunta que se pretende es responder es la siguiente: ¿Es cierto que una Asamblea Constituyente debiera ser una alternativa solo en periodos de quiebre institucional?

Una de las críticas que se ha escuchado en forma más recurrente respecto a la idea de una Asamblea Constituyente es que tal mecanismo solo se ha utilizado bajo circunstancias políticas excepcionales. Particularmente, la Fundación Jaime Guzmán (FJG) ha sostenido que ellas han sido usadas como mecanismo “solo cuando los países han tenido fracturas institucionales muy graves, en momentos históricos especiales como los  procesos de independencia”[1]. Una idea prácticamente idéntica ha sido presentada reiteradamente por Libertad y Desarrollo (LyD)[2].

¿Tienen razón quienes plantean esta objeción? En principio, pareciera que sí. Los procesos de diseño constitucional históricamente han acaecido, por lo general, bajo circunstancias que distan de ser normales. Como lo ha explicado John Elster (Profesor de Ciencias Sociales en la Universidad de Columbia) en un artículo que se refiere a las fuerzas y mecanismos que influyen en el proceso de diseño constitucional[3], algunos factores que, en los hechos, han llevado a un proceso constituyente son (i) las crisis económicas y sociales como aquellas que terminaron en la dictación de la constitución americana de 1787, la francesa de 1791 -y, por cierto, la chilena de 1980-; (ii) la revolución; (iii) el colapso del régimen institucional, como el que vivieron los Estados de Europa del Este tras la caída del muro de Berlín; (iv) el miedo al colapso; (v) la derrota en la guerra, como ocurrió respecto de la dictación de la Ley Fundamental de Bonn de 1949; (vi) la reconstrucción tras la guerra; (vii) la creación de un nuevo estado, como ocurrió con los casos de Polonia y Checoslovaquia tras la segunda guerra mundial; y, finalmente, (viii) la liberación tras el colonialismo. Sin duda, todas éstas constituyen circunstancias excepcionales que una democracia madura probablemente querría evitar. Hasta aquí entonces, la crítica tiene razón: Chile no vive -afortunadamente, por cierto- bajo ninguna de estas hipótesis y, por ende, no se ajusta a los patrones históricos en que ha resultado necesario repensar el entramado institucional mediante la dictación de una nueva constitución.

Entonces, ¿pecan de insensatez quienes llaman a pensar en una nueva constitución? Por supuesto que no (o al menos, no por esta ésta razón). Que en los hechos los procesos de diseño constitucional ocurran normalmente bajo circunstancias de excepción, no quiere decir que deban ocurrir siempre de ese modo. De hecho, a diferencia de lo que plantean los críticos de una nueva constitución -entre ellos, FDG y LyD-, pareciera que lo más razonable es adoptar una posición escéptica frente a una constitución que ha sido diseñada tras un periodo de quiebre institucional, esto es, luego de un periodo donde las pasiones, las odiosidades, los revanchismos y los valores de los vencedores sobre los vencidos –y no los valores de la comunidad política toda- suelen teñir las disposiciones de la que se supone es “nuestra” constitución.

Elster, por cierto, estaba plenamente consciente de ello. Así, no obstante compartir el mismo supuesto de hecho que la FDG y LyD –es decir, que las constituciones generalmente se diseñan en periodos de fractura institucional- su conclusión es justamente la contraria a la de éstas. De hecho, según Elster, lo que resulta paradójico respecto del proceso de diseño constitucional es que éste emerge en condiciones que probablemente funcionan en contra de una correcta y adecuada construcción de una constitución. Es por ello que Elster sostiene que en la medida que son escritas para un futuro indefinido, las constituciones deberían ser adoptadas en condiciones de máxima calma y tranquilidad, y estar basadas en argumentos racionales e imparciales que miren más allá de los  propios horizontes e intereses de quienes participan de su diseño.

Una réplica legítima de quienes se oponen a una nueva constitución sería sostener que, no obstante Chile se encontraba rearmándose tras el quiebre institucional más importante de su historia republicana, los redactores de la constitución del `80 milagrosamente lograron abstenerse de las pasiones, de los intereses creados, de la lógica partisana y, en definitiva, de las injerencias de la Junta y establecieron una constitución ampliamente representativa de la distintos intereses sociales, respetuosa de la diversidad y de las minorías y con una abierta disposición a que los ciudadanos realizaran el ideal del autogobierno. Sin embargo, nadie ha defendido tal argumento por estos días. Ni siquiera lo han hecho los think tank que nacieron para defender el modelo institucional y político creado bajo la dictadura. Hacerlo, por cierto, sería absolutamente insensato. La constitución de 1980, como lo recuerdan algunas de sus disposiciones que continúan hoy vigentes, es el ejemplo paradigmático de lo que ocurre cuando un sector que detenta el poder arrasa políticamente con el enemigo y pretende perpetuarse en el tiempo. En este sentido, basta recordar, entre otros ejemplos, la instauración de un régimen presidencialista desbocado, la proscripción del partido comunista, la institucionalización de senadores designados y vitalicios, el establecimiento de las Fuerzas Armadas como garantes de la institucionalidad a través del Consejo de Seguridad Nacional y el diseño de un régimen político creado con el declarado propósito de que quienes quisieran gobernar en el futuro debieran contar con el beneplácito de quienes crearon tal diseño.

Como lo han manifestado los críticos de una nueva constitución, varias de estas disposiciones ya han sido debidamente reformadas. Pero ese no es el punto por el momento. El punto es que la tesis esgrimida por FJG y LyD, entre otros, no se sostiene: el hecho que la constitución chilena se haya creado en las condiciones de quiebre institucional en que se creó, es un argumento que debiera llamar a ser escéptico de la imparcialidad, razonabilidad y legitimidad de las disposiciones de la constitución y no a su pasiva aceptación.

En suma, la primera de las críticas formuladas en contra de una nueva constitución juega más bien a favor de la adopción de un nuevo texto constitucional y no a favor de la mantención del statu quo. Precisamente porque todavía estamos en un periodo de normalidad institucional es que resulta prudente pensar que hoy existen condiciones sustantivamente mejores a las existentes en 1980 para asegurar la imparcialidad de las disposiciones constitucionales y para conseguir que ella finalmente haga justicia a su título, de modo que además de ser una constitución política, sea de una buena vez una constitución de la república. Por cierto, está aún pendiente sugerir el mecanismo que permita una adecuada representación proporcional de los diversos sectores sociales que deberían participar en la creación de una nueva constitución. Fórmulas hay varias. Lo importante de considerar es que, una vez que tal mecanismo se haya encontrado, quienes se oponen a una nueva constitución no solo tendrán que asumir la carga de argumentar por qué deberíamos confiar más en quienes redactaron la constitución bajo circunstancias políticas abiertamente anormales que en nuestras actuales generaciones[4], sino que además tendrán que explicarnos en qué sentido –si es que hay alguno- las comisiones que dieron origen a la Constitución de 1980 podrían ser consideradas más democráticas que una Asamblea representativa de la pluralidad de intereses que conforman la sociedad chilena.


[3] Elster, J. “Forces and Mechanism in the Constitution-Making Process”, 45 Duke L.J., 1995-1996.

[4] Como se pretende explicar en la próxima columna, no es cierto que actualmente estemos regidos por la así denominada constitución del 2005.

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Comentarios

2 comentarios en “Asamblea Constituyente. Respondiendo algunas preguntas, parte I

  1. Plenamente de acuerdo contigo Felipe. FJG y LyD pecan de falta de honestidad intelectual. Invocan argumentos ficticios para defender una constitucion que en realidad les interesa preservar por motivos bastante mas mezquinos. No hay que ser un genio para darse cuenta que un texto constitucional que se origina bajo circunstancias de inestabilidad politica, mas aun puede generarse bajo contextos de mayor normalidad. Y asi lo demuestra la experiencia de Colombia en 1990 o la de Bolivia en 2005.

    Publicado por Manuel Matta | 2 de julio de 2013, 10:17 AM
  2. El argumento de la columna me parece muy autocomplaciente, pues no interpreta de la mejor forma el alegato de LyD et al. El argumento de la derecha, en su mejor version (o la menos mala) me parece que apunta a que el momento constitucional debe estar precedido por alguna situacion de anormalidad, pues de otra forma la idea de una asamblea constituyente y la propia idea de una nueva constitucion se normalizaria y trivializaria.

    La columna en cambio defiende dos ideas: (1) que del ser no se deduce el deber ser, es decir, que la historia no es una condena a repetir; y (2) que un periodo de normalidad es, de hecho, mas adecuado para la promulgacion de una nueva constitucion. (1) es correcto, pero no nos lleva muy lejos. (2) no ataca al argumento de LyD, sino que lo confirma: pues si el periodo de normalidad es mas adecuado para dictar una nueva constitucion, entonces ella debiera dictarse mediante el mecanismo propio del periodo normal, no mediante una asamblea constituyente. De hecho el argumento de la columna aqui se refuta a si mismo: la asamblea constituyente es en si misma un quiebre institucional, por lo que, dado el argumento de la columna, la asamblea por definicion no podria darse en normalidad. O puesto de una forma mas tragica: si se acepta que (a.) el periodo normal es el adecuado para una nueva constitucion y (b.) que las constituciones pretenden valer indefinidamente, entonces no parece quedar espacio para justificar que cuando la nueva constitucion alcance su ansiado periodo de vigencia (cuando se verifique b), entonces no se cumpla (a): no sea el mejor momento para modificarla. O con otras palabras (para no ser malinterpretado): que hace que una nueva generacion escolar lectora de Jefferson y Schmitt no deba ver satisfecho su reclamo de un nuevo plebiscito y una nueva asamblea constituyente en, por ejemplo, cinco anhos mas?

    La discusion real es que la derecha continua confiando en que el mecanismo normal de modificacion constitucional es suficiente (pues no hay quiebre institucional), mientras que la “nueva mayoria” cree que no es suficiente (porque tiene “trampas”). Frente a esa discusion de fondo el argumento de la columna nada dice, aunque supongo que vendra en una nueva entrega. No estoy de acuerdo con la derecha, pero creo que para “identificar los puntos centrales” del escepticismo es necesario interpretar los argumentos contrarios de forma “caritativa”, desde su mejor perspectiva. De cualquier forma gracias por permitir un poco de discusion y critica.

    Publicado por Diego Pardo | 2 de julio de 2013, 2:08 PM

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