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Análisis crítico del derecho, Derecho y Justicia Social, Interdisciplinariedad

Acerca de la desigualdad política*

Las desigualdades que padece Chile son múltiples. Éstas se manifiestan en los ingresos, la preferencia sexual, el género, las posiciones, e incluso la etnia. Todas estas expresiones de la desigualdad son moralmente repudiables y como país no hemos logrado superarlas por completo. Algunas de estas categorías ocupan un mayor espacio en la agenda pública que otras. Por ejemplo, los programas de gobierno “progresistas”, en general, tienden a dar mayor énfasis a la corrección de diferencias en la jerarquización socioeconómica y no así a otras dimensiones de la igualdad.

En este texto quiero hacer mención a un caso especial de desigualdad, al que no se la dado la suficiente atención, aún cuando los resultados que genera son especialmente nocivos al momento de establecer bases para perfeccionar umbrales más concretos de igualdad y elaborar criterios distributivos y participativos. Me refiero a la desigualdad política.

La igualdad política, básicamente, es un valor que apela a la distribución equitativa del poder político en relación al tratamiento que reciben los ciudadanos en la toma de decisiones, de modo tal que los resultados que éstas generan sean justos para los gobernados. Así, entonces, la pregunta por la igualdad política se puede formular de la siguiente manera: ¿cuáles son las instituciones y procesos políticos que requiere una sociedad igualitaria para evitar la consideración desigual ante el ejercicio del poder político?

Frente a esto,  no debe sorprender la afirmación que Chile es un país donde no imperan criterios mínimos de igualdad política. Es decir, es un país donde las instituciones políticas fundamentales y los procesos que las constituyeron no responden a las exigencias de la igualdad política respecto a la distribución del poder político y la participación de los ciudadanos en estos procesos. Es por eso que, en lo que viene mencionaré brevemente y de modo no exhaustivo[1] algunas de las manifestaciones más groseras de desigualdad política. Dos de ellas tiene un énfasis procedimental (ii y iii) y la otra se enfoca más bien en los resultados que genera el proceso (i), a saber: la influencia desigual que el dinero tiene en los procesos políticos (i); la desigualdad política derivada del sistema electoral binominal (ii); la desigual estructuración de los poderes veto parlamentario a través de leyes super-mayoritarias en el diseño constitucional (iii).

En cuanto a rol del dinero (i), éste  genera problemáticas de igualdad política en dos niveles del proceso político. Por una parte, en una primera esfera, permite que algunos actores puedan injerir en mayor medida en los procesos deliberativos, propios de las campañas políticas, debido a la desigual cantidad de recursos que manejan para acceder a los medios de comunicación pública. Lo descrito se verifica, por ejemplo, en la mayor capacidad de propaganda con que cuentan algunos agentes al momento de tratar de persuadir a los electores. Tal situación de desigualdad se acentúa aún más cuando se consideran las reglas electorales vigentes. En un sistema electoral binominal que no entrega incentivos suficientes para la competencia política, el factor monetario pasa a ocupar un rol muy preponderante si no es corregido o atenuado mediante procedimientos de transparencia respecto a los orígenes de los financiamientos (preferentemente públicos), estableciéndose reglas de equidad que enfoquen su atención en la participación igualitaria de los actores en competencia. Si esto no es enmendado, la disparidad de dinero de los agentes generará graves asimetrías en la participación política de aquellos que no cuentan con grandes cantidades de dinero, ni poder suficiente, para influir en los procesos deliberativos previos a las acciones políticas y la toma de decisiones determinantes. De ahí que se genere una competencia política desigual, que se refleja en el privilegio que obtiene los agentes políticos más acaudalados en hacer presente sus voces, por sobre las voces de competidores más precarios y con menos poder de influencia.

El segundo nivel de desigualdad política que genera la dispar distribución del dinero en el proceso político es una consecuencia necesaria de la anomalía antes expuesta. Esta se origina una vez que el representante fue electo y no es otra cosa que la cooptación de éste por parte de los grupos financistas. Esto es problemático pues conlleva un condicionamiento de la sensibilidad del representante ante los intereses de los actores que influyeron, mediante el uso del dinero, en la propaganda del sujeto elegido. Este efecto es complejo de percibir y de probar en la práctica política. No obstante, sus secuelas son peligrosas para el proceso político pues desplaza la focalización de interés general de la política hacia el interés puramente privado y privilegiado, dando ventajas injustas en la satisfacción de intereses a quienes poseen más dinero.

El segundo problema (ii) es manifiesto y debe ser corregido a la brevedad. Esto significa que de manera necesaria debe revisarse por completo el sistema electoral binominal, ya que constituye uno de los más graves atentados a la igualdad política, toda vez que en abstracto, la suma total de votos no se contabiliza al momento de determinar la lista ganadora de la elección sino que se ponderan, convirtiendo un 33% de los votos equivalente al 66% de éstos. Tal es el corolario que pone en evidencia la regla de doblaje que contiene el sistema en cuestión. De ahí que sea apremiante para las pretensiones igualitarias en materia política transitar, en principio, hacia el establecimiento de un régimen electoral de representación proporcional moderada, o al menos, que represente a la mayoría gubernamental y a la minoría opositora, si ésta fue generada por un sistema electoral mayoritario.

Pero no sólo aquello es problemático en la cuestión electoral. También encontramos inequidades en el principio formal distributivo de los electores. Todos sabemos que aquél se satisface con la idea de “una persona, un voto”, siendo un hito histórico significativo para la democracia y la igualdad política, porque implica que el voto de un magnate tiene el mismo valor que el voto de un menesteroso, participando ambos de igual manera en el proceso político, siendo éstos iguales ante la ley. No obstante, dado que la división de las circunscripciones y distritos imperante en Chile es desigual, los votos de algunas personas valen más que otras en términos de representatividad. Esto es así porque el voto del elector de la Circunscripción de Magallanes vale más, en tanto representatividad, que el voto de un sujeto perteneciente a la Circunscripción Santiago-Oriente. Por ejemplo,[2] en la circunscripción Santiago-Oriente, en abstracto, un Senador representa a 751.481 electores y en la circunscripción de Magallanes un Senador representa a 45.004 electores. La consecuencia inicua que podría generarse, es que al momento de votarse en el Parlamento una ley controvertida, los intereses de 45.004 electores podrían vetar los intereses de 751.481 electores, lo cual  es claramente desproporcionado. En derecho comparado, se toleran ciertos niveles de desigualdad en la medida que la diferenciación de representatividad responda a estándares razonables de proporcionalidad. La variable existente en Chile es altamente desproporcionada pues la correlación “una persona, un voto”, puede alterarse al punto de llegar a ser 15 veces mayor el impacto del voto de una persona en una Circunscripción que en otra.

Además de ello, el sistema electoral binominal excluye del debate y de la representación a todos aquellos grupos de interés no necesariamente institucionalizados que no adhieren a los bloques políticos hegemónicos. Esto deviene en consecuencias en la igualdad política, en la medida que genera un efecto excluyente injustificado, que priva de espacio deliberativo a los intereses de quienes, no siendo necesariamente minorías, se encuentran infrarepresentados en el Parlamento debido a la estructura del sistema binominal.

Por último, en relación al problema de la existencia de leyes super-mayoritarias (iii), éste ha sido denunciado en extenso por la literatura nacional y, en particular, por Fernando Atria. Es por ello que no lo desarrollaré. Sin embargo, cabe insistir en que la desigualdad política se produce en este caso cuando la decisión de la minoría parlamentaria pasa a ser más importante que la decisión de la mayoría, a través del atrincheramiento institucional que genera la exigencia de leyes super-mayoritarias para realizar cambios sustanciales. En este caso, la consecuencia inequitativa es nefasta pues los intereses minoritarios valen más que los intereses de las mayorías parlamentarias. Antes bien, es una cuestión discutida si la existencia en sí misma de las leyes contra-mayoritarias genera el problema abstracto de desigualdad política en el caso chileno (pues debe ser ponderado con la correlación Tribunal Constitucional con control preventivo obligatorio y sistema electoral binominal). Más bien, lo concretamente injurioso de estas leyes es el problema referido a que el Constituyente autoritario impuso arbitrariamente (y para el beneficio exclusivo de la derecha) extensos amarres institucionales que dan poder veto a la minoría parlamentaria con tal de preservar el status quo establecido por la dictadura. De ahí que lo verdaderamente desigual, en términos políticos, sea que un grupo valga más que otro, y que se valor haya sido autoimpuesto por vía autoritaria, a través de la implantación de mecanismos legales para perpetuar el orden establecido por los mismos que hoy en día se oponen a eliminarlas.


* Este texto se ha beneficiado de observaciones y sugerencias que previamente hicieron Pablo Contreras, Flavio Quezada y Tomás Vial.

[1] Se excluye, por ejemplo, un desarrollo sobre la desigualdad política respecto al ejercicio de ciertos derechos por parte de los privados de libertad; asimismo, no haré referencia al problema de los chilenos que no pueden ejercer derechos políticos estando en el extranjero.

[2] Tomando datos del SERVEL y teniendo en consideración el número total de personas que componen el padrón electoral actualmente vigente.

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Comentarios

10 comentarios en “Acerca de la desigualdad política*

  1. La cuestión 1 aborda una de las preguntas más importantes sobre el futuro de la política. ¿Es posible conservar el sistema político como una esfera autónoma? ¿O vamos a seguir avanzando hacía la transformación de las decisiones políticas en decisiones económicas? ¿Vamos a dejar que la legitimidad se juzgue sobre la performance macroeconómica y que proliferen los técnicos en economía monetaria como agentes autónomos dentro (Hacienda) y fuera de los gobiernos (Banco Central) como los más importantes directores de nuestras políticas públicas? O por el contrario, vamos a conceder que la política tiene que responder a una legitimidad de inputs y que la democracia no se puede transformar en lo que el FMI o la OECD o The Economist digan sobre lo que hay que hacer.

    En esta encrucijada, yo creo que controlar la forma en que el capital influye en la política es fundamental. Se habla de una ley de lobby, para saber quién es quién. Se habla de incompatibilidades. Se habló de declaraciones de intereses, ahí quedaron, botadas sin relevancia. Se habló de financiamiento público, y ahí vemos como todo el mundo hace campaña fuera de plazo (con financiamiento privado, que no tiene que rendir, por supuesto). En fin, un sin fin de cosas.

    En mi humilde opinión, hay que cortar ese vínculo radicalmente. Y básicamente lo que eso significa es no dejar al gato a cargo de la carnicería (no se si esa es la expresión). No puede ser que los alcaldes (militantes de partidos) sean los encargados de pasar multas por abuso electoral. No puede ser que no haya sanciones para declaraciones de intereses incompletas o fraudulentas. En fin, no puede ser que el lobby sea algo que hay que regular…es a todas vistas algo que hay que penalizar. Y claro, se dirá, que por algún lugar se colara, y que es mejor controlarlo…pero bueno, el proyecto de ley de lobby es otro aspecto que no respeta la igualdad política. Si quieren lobbistas, ello no puede ser una legitimación de la influencia del capital en política, sino un control, limitación y morigeración de su influencia.

    En fin, creo que el tema da para mucho más. Da para hablar de derecho penal e institucionalidad de control.
    Felicitaciones a Eduardo por su columna.

    Publicado por Pablo Marshall | 28 de abril de 2013, 5:05 AM
    • Hola Pablo,
      Muchas gracias por tus palabras. En efecto, son varios los flancos que afectan de una u otra manera la igualdad política (tú mencionaste otros tantos). Ahora bien, en cuanto a la desigualdad de influencia que genera el uso no regulado del dinero en la política, a mí me parece que esa situación se agrava aún más en nuestro país, si consideramos que no somos un ejemplo de igualdad en la distribución de riqueza. De hecho, lideramos las mediciones mundiales respecto a la desigualdad entre ricos y pobres. Esta situación, permite que los acaudalados puedan influir a tal punto en la esfera pública que éstos pasan a utilizar los procesos políticos con el sólo propósito de perpetuar su situación injusta. A esta desproporción inicial, debes sumar otro grave problema que se debería discutir acá: la concentración de los medios comunicación pública (y por sobre todo prensa). Esa mezcla es nefasta para la competencia política pues no existe igualdad de oportunidades para la participación (con todos los reparos que merece la idea de “igualdad de oportunidades”).
      Más abajo sigo comentando.
      Un abrazo!

      Publicado por Eduardo A. Chia | 30 de abril de 2013, 11:45 AM
  2. De acuerdo con los puntos 1 y 3, en este ultimo con dos prevension: lo que estaria en juego con los quorums seria la igualdad politica de los representantes, no de los electores; y me parece que la comparacion entre magallanes y santiago oriente es un flaco favor al argumento. En este caso es precisamente por razones de igualdad que queremos que los votos de zonas extremas valgan mas (igual ocurre, por ejemplo, con las leyes de cuota y otras discriminaciones): no toda discriminacion afecta a la igualdad; de hecho, a veces la falta de discriminacion es desigual.

    Me genera mas dudas el analisis del 2 (en la parte del binominal, no en el de las circrunscripciones electorales). El argumento parece basarse en que habria una diferencia cualitativa entre un sistema proporcional y otro mayoritario y que el sistema proporcional seria mas igualitario. Lo primero es falso y lo segundo es dudoso. La distincion entre mayoritario y proporcional es una diferencia de grado: depende de la regulacion frente a la concentracion de votos. En un sistema perfectamente proporcional – que entiendo no es a lo que se refiere el autor con “sistema proporcional moderado”, pues el sistema binominal es ya precisamente eso – se busca que el proporcion de votos sea igual a la proporcion de escagnos para las listas que se presentan a eleccion. Un modelo semejante es solo concebible teoricamente, pues es inviable por su impotencia (pues toda fuerza politica resultaria porcentualmente representada, asi que para tomar una decision habria que escuchar a toda asociacion gremial, no solamente a la UDI!). En Alemania se acusa a este tipo de sistema proporcional (el de la republica de Weimar) de ser el causante de la crisis institucional que condujo, entre otros factores, a la llegada del “guia”. Al contrario, todo sistema electoral incluye clausulas de concentracion de votos: 5% en Alemania, 33% en Chile, 50% en los sistema “mayoritarios”. Los postulantes que no alcanzan ese porcentaje no son elegidos. Y esto es solo considerandolas elecciones parlamentarias, pues si el argumento se lleva su extremo la propia eleccion de presidente debiera considerarse por definicion como contraria a la igualdad politica (Pignera salio con algo asi como 700 mil votos de diferencia). En todo sistema el resto de los votos (bajo el 5, 33 o 50% respectivamente) no se consideran, y el resto se consideran como el 100%.

    En realidad lo que esta en juego es el propio concepto de igualdad, no el grado de cumplimiento en uno u otro caso. Pues notese que es imposible que el sufragio sea siempre y en todo momento igualitario en el sentido propuesto por Chia: si las decisiones politicas, por ejemplo, son tomadas con el quorum de 50% del parlamento, entonces el otro 49% (y los votos que representan) no tiene poder de decision en muchas materias. En algun momento se tiene que decidir, y deben dejar de considerarse algunos votos y doblarse la consideracion de los otros. Por eso, argumentar contra el binominal en funcion de la igualdad es equivoco. Sobretodo si lo que se propone es un “sistema proporcional moderado”. Eso no significa algo muy distinto al binominal. Acaso tripartidista? Yo creo que habria que volver a jugar con fuego, revisando los argumentos a favor del viejo y bueno sistema mayoritario. Es jugar con fuego porque creo que en Chile el unico que lo ha sugerido es Longueria, quiza en alguna de sus comunicaciones con el mas alla. Tengo la impresion que todo el mundo “progresista”, en cambio, esta a favor de un sistema proporcional moderado, sea lo que sea que eso signifique. Es moderado, asi que es bueno, no?

    Buena contribucion, gracias!

    ps. No tengo tildes ni egnes, lo siento.

    Publicado por Diego Pardo | 28 de abril de 2013, 12:39 PM
    • Hola Diego, (¿dónde estás que no tienes nuestras tan amadas eñes?)
      Respecto del tu punto 1, no veo cómo la igualdad política de los representantes no afecta también la igualdad política de los electores. Otra cosa es que, por consideraciones ajenas a la igualdad política, por ejemplo la igualdad de comunidades locales (en este caso regionales), se pueda morigerar la igualdad política de los ciudadanos, que creo que fue el espíritu que movió la configuración del Senado. Uno puede sospechar, sin embargo, que detrás de ello se esconden estrategia para de diluir el voto de la mayoría. Estoy de acuerdo en que las minorías deben ser empoderadas y la periferia debidamente considerada, sin embargo, desconfío de políticas que no han tenido ese declarado propósito. Cuando Eduardo habla de igualdad política, yo supongo que no está hablando de igualdad económica, social y cultural, que es lo que sí justifica el tratamiento desigual en políticas de discriminación positiva. Cuando el empoderamiento político de minorías se hace a costa de la igualdad política, creo que hay que ser cuidadoso por que la línea roja es bien delgada. Hay contextos en que eso tiene sentido, por ejemplo, estados multinacionales. En el caso de las mujeres, creo que la medida está justificada únicamente de forma transitoria. El caso de las circunscripciones senatoriales y la falta de redistritaje dependiendo de la población, con toda la simpatía que uno pueda tener por la causa regionalista, me temo, huelen mal. Ya tienes ahí los casos Bianchi y Alinco, los principales compinches de la derecha.

      Sobre el punto 2, la igualdad política en el sistema proporcional y en el mayoritario es expresada de manera diferente. En el proporcional, de alguna manera, el momento de la decisión mayoritaria se prolonga hacía la composición del parlamento, que mientras tiende a reproducir las preferencias políticas del electorado, respeta la igualdad política. Sin embargo, si ese parlamento no puede decidir por mayoría (por ejemplo, por las LOC) la igualdad política se ve violada. Se ve violada porque los votos de unos representantes valen más que los de otros. Eso no pasa cuando la mayoría es la que decide, porque todos los votos valen por igual, sólo que la mayoría no tiene tantos votos como para decidir (esa es el más importante sentido de la expresión “los votos se cuentan no se ponderan”). En un sistema mayoritario, la decisión no se prolonga sino que es tomada directamente en la elección.

      Tu pareces sostener que la decisión democrática trasforma el porcentaje de la minoría, por ejemplo, 49% en cero y por tanto su igualdad política violada, porque sus votos no son considerados. La verdad es una pésima forma de presentarlo. Sus votos son considerados, sólo que perdieron la elección o la votación. Ellos no tiene poder de decisión justamente porque darles poder de decisión a ellos equivaldría a quitárselo al 51%. Las decisiones son algo inescapable y si entendemos que vivimos en una comunidad, esto es, una unidad política, la forma en que dicha comunidad toma sus decisiones no puede sino ser por mayoría. Ambos sistemas, debidamente diseñados (no a la Berlusconi) garantizarían igualdad política y más democracia que el binominal.

      Saludos,

      Publicado por Pablo Marshall | 29 de abril de 2013, 6:29 AM
    • Hola Diego,
      Respecto a la prevención del punto (iii); yo no dije que hubiese desigualdad respecto al elector en el caso de las leyes contramayoritarias. Además de lo que agrega Pablo en el comentario de más abajo, a mí me parece que también es problemático desde la igualdad política (en el sentido que correctamente le da Pablo) que la minoría parlamentaria tenga un poder de veto (autoimpuesto) y, por ende, como bien lo dices, la desigualdad se genera en el valor (peso) del impacto de la representación mayoritaria al momento de adoptar una decisión (ex ante) y también en los resultados generados (empate) una vez adoptada la decisión (ex post). En términos estrictos, creo que la máxima restricción a la igualdad política que se puede admitir en democracia es la decisión constitucional y los mecanismos de reguardo que ésta estableció, tales como cierta distribución de distritos con fines de homogeneidad social estatal.
      En relación al ejemplo de Magallanes y Santiago-Oriente, la objeción va más bien a la desproporción del impacto del elector en una u otra Circunscripción. Ahí la desigualdad política del impacto es a nivel cuantitativo. Como bien dices, no toda desigualdad es injusta (y, en particular, esto se ve en United Jewish Organizations v. Carey 430 U.S. 144,1977 donde se aceptó distribución desigual del sufragio por consideraciones raciales). No obstante, a mí me parece que en el caso especifico nuestro, la desigualdad es desproporcionada (pues llega a valer un voto 15 veces más, asimilándose en apariencia, con las prevenciones pertinentes, al modelo electoral plural de J.S. Mill que proponía como minino un voto a cada ciudadano pero dos o más a aquellos ciudadanos que ejercieran funciones nobles en la sociedad). La mención que hacía al derecho comparado, refería al criterio de la Corte estadounidense, que ha tolerado con bastantes prevenciones, hasta casi 7 veces la diferencia (por ejemplo:Karcher v. Daggett, 462 U.S. 725,1983).
      Concurro con las observaciones de Pablo respecto de las objeciones al punto (ii) en torno a los modelos electorales. Agregaría que en el diseño de los sistemas electorales las diferenciaciones de impacto son cualitativas. Desde luego todos los modelos presentan desviaciones del principio de la igualdad política. En ese contexto, yo vuelvo a insistir con la proporcionalidad de las desigualdades en los resultados que genera cada modelo electoral (a mí, en principio, el mayoritario me parece peligroso por la eventual fragmentación que podría generar en sectores que no son de derecha; pero eso no tiene nada que ver con la igualdad política, de hecho es una razón conservadora que apela a la estabilidad y gobernabilidad). Este punto lo dejo para una discusión mayor.
      Muchas gracias por los comentarios.
      Un saludo,

      Publicado por Eduardo A. Chia | 30 de abril de 2013, 1:00 PM
  3. Hola Eduardo:

    Interesante columna. En particular, comparto con Pablo sobre la urgente necesidad de empezar a discutir más ampliamente sobre el primer tipo de desigualdad al que haces mención. Sin duda, los aspectos (ii) y (Iii) se han venido tomando la agenda los últimos años, mientras que la regulación del lobby y del financiamiento de campañas han quedado peligrosamente desatendidos.

    Más allá de algunas preguntas que no se refieren a la esencia de tu argumento (e.g., ¿es la desigualdad de ingresos tan moralmente repudiable como las restantes y debiera, por tanto, ser “superada”? o ¿qué entiendes por sistema proporcional moderado?) me quedan dudas respecto al punto (iii), dudas que también se aplican respecto a la carta publicada en El Mercurio. Por cómo desarrollas el argumento, pareciera que la razón de fondo por el cual te opones a las leyes de quórum supramayoritario es que, en el caso chileno, tales leyes han servido para mantener el diseño institucional de la dictadura. Ese puede ser un argumento más que suficiente para oponerse a la existencia de ellas, más aún cuando vienen acompañadas de otros amarres adicionales. Pero sería un argumento relativo a los fines que tales leyes han permitido y no a la esencia de tal tipo de leyes en sí mismas. ¿Consideras que, siempre y en todo caso, tales tipos de leyes resultarían atentatorias de la igualdad política? En otras palabras, ¿deberíamos entender que siempre debiéramos gobernanos de acuerdo al 50%+1? Uno perfectamente podría decir que, desde un punto de vista democrático tradicional en términos de regla de mayoría, la respuesta debiera ser afirmativa. Pero, en tal caso, creo que habría que hacerse cargo de por qué aceptamos otra serie de mecanismos institucionales que limitan que el 50%+1 sea efectivo (control constitucional y quórum especial para reforma constitucional, entre ellos). Quizás, aunque no lo puedo presumir a partir de tu columna, estos otros mecanismos también te parecen inaceptables. Pero si así fuera, el argumento requiriría una explicación adicional.

    Finalmente, respecto a la carta que publicaron en relación a Verdugo, desconozco la extensión de las materias con que la leyes de quórum son aplicadas en derecho comparado, pero sí es cierto que algunos sistemas políticos que estaríamos tentados de tildar más democráticos que el nuestro, contienen quórums incluso superiores a los que existen en Chile.

    Saludos y gracias por esta contribución,

    Felipe.

    Publicado por Felipe Leiva Fadic | 28 de abril de 2013, 4:35 PM
    • Hola Felipe,
      Gracias por tus comentarios. Intentaré aclarar tus preguntas.
      Respecto del comentario al punto (iii), en la columna se hizo presente que la desigualdad se genera, en concreto, cuando se autoasignó autoritariamente un mayor valor (peso) de impacto a una minoría parlamentaria por sobre el valor de impacto de una mayoría parlamentaria. No hay razones suficientes que justifiquen tal distinción, pues atendiendo al principio democrático, en abstracto, no se entiende cómo una minoría se iguala en valor a una mayoría parlamentaria. Y ya lo dijo Kelsen: “cualquier decisión que se permita adoptar por una mayoría inferior o superior a más de la mitad de los votos necesariamente dará más peso al voto de alguna minoría sobre la mayoría”. A todo lo antes dicho, yo sumaría las observaciones que ha ido formulando Pablo en los comentarios del texto y que de cierta manera han complementado mi escrito.
      Por otra parte, supongamos que existen razones para justificar la existencia de las leyes super-mayoritarias (lo que tú llamas “esencia del tipo de leyes en sí misma”) ¿Son acaso válidas las razones para mantenerlas? Yo pienso que no. Me parece que acá no vale el argumento de la desigualdad justa, que sí podría aplicarse perfectamente a otros casos en los que se efectúan diferencias. Pienso que no hay razones que las justifiquen pues insistir en mantener las leyes de super-mayorías desconoce el carácter político de una ley, generando entonces un efecto desnaturalizador en ésta (en el entendido que la ley es una regla que va legitimando democráticamente el ordenamiento jurídico). Verdugo desconoce aquello e insiste en mostrar ejemplos de derecho comparado en los que, sin precisar, lo que él enseña son más bien exigencias de quórums super-mayoritarios para materias que son propias de Constitución Política. Verdugo no es sincero y mezcla lo cuantitativo (el número de votos parlamentarios necesarios para la modificación de una ley) con lo cualitativo (las materias objeto de regulación supermayoritaria). De hecho, los ejemplos que él menciona son justamente de materias propias de regulación constitucional (Poder Judicial, Sistema Electoral, Contraloría, etc), a partir de lo cual piensa que que son plausibles las leyes-supermayoritarias porque en otras legislaciones “con mayores credenciales democráticas que las nuestras” sí existen leyes de super-mayorías, sin detenerse en aclarar la diferenciación de materias objeto de la regulación.
      Creo que me referí al sistema electoral en la respuesta a los comentarios de Diego.
      Un saludo,

      Publicado por Eduardo A. Chia | 30 de abril de 2013, 3:58 PM
  4. Hola Pablo, (estoy en Gotinga, Alemania). Gracias por la respuesta.

    Mis dudas son metodologicas, no sustantivas. Es contingente si la igualdad politica de los representantes afecta la de los representados. El punto esta en que basta con la igualdad politica encarnada en el procedimiento de decision legislativo para justificar la impertinencia de las LOC. Aqui hay una afectacion a la neutralidad del procedimiento legislativo. Con eso basta. No hace falta calcular a cuantos representados representa cada representante… Si bien la combinacion entre binominal y LOC es una pesadilla, no hay un vinculo logico entre ambos, no al menos en clave igualdad. Son solo dos partes de un mismo mal suegno guzmaniano. Si no se trabaja entonces con una suerte de clausura operativa entre binominal y LOC, termina por confundirse los argumentos contra una y otra.

    Ahora hablando sobre el binominal: decir que la igualdad politica es “expresada en forma diferente” en un sistema proporcional y en uno mayoritario, respectivamente, es equivoco. Es equivoco pues mediante las palabras mayoritario y proporcional solo se designan dos extremos de un continuo. Para estar en contra del binominal y no contra el sistema mayoritario de eleccion (ojo, no de decision legislativa), habria que afirmar que los sistemas con reglas de 5% de concentracion de votos (proporcional aleman), de 15% (caso normal del mayoritario relativo) y con 49% (mayoria absoluta) son admisibles desde la igualdad; pero que el binominal (clausula de 33% de concentracion de votos maximo), no lo es. No veo donde se produce el transito hegeliano de lo cuantitativo a lo cualitativo. Por eso me genera perplejidad el abogar por un sistema proporcional moderado bajo la bandera de la igualdad. El binominal es precisamente un sistema de representacion “proporcional moderado”, destinado a “la representacion de la mayoria gubernamental y la minoria opositora” (Chia). El hecho de que la minoria opositora pueda comportarse como mayoria, dada las materias de LOC, es un problema irritante, pero independiente del sistema electoral.

    Si la igualdad politica tuviera el redimiento que se pretende en la columna respecto al problema del binominal, entonces ella obligaria categoricamente a establecer un sistema proporcional “puro” de elecciones, y cualquier modificacion o limitacion a la proporcion seria prima facie un atentado a la “igualdad politica”. Si eso es lo que se sostiene, pues mejor defender simple y directamente al sistema proporcional. Sobre tu ultimo parrafo Pablo, estoy de acuerdo con que es una pesima forma de presentarlo. Por eso mismo lo que tu interpretas no es lo que yo sostengo. Al reves, es lo que habria que afirmar si se llevara el criterio de la igualdad politica sostenido en la columna a sus ultimas consecuencias.

    Saludos

    Publicado por Diego Pardo | 29 de abril de 2013, 12:37 PM
  5. Diego (¿estás haciendo un doctorado? ¿En penal?),
    Estoy de acuerdo. Son problemas distintos, los dos de los cuales sin embargo afectan la igualdad política. En un caso, como sostienes, en el procedimiento de decisión legislativo. En el otro, y aquí no hablo del binominal sino del distritaje, considerando diferentemente el valor del voto de los ciudadanos dependiendo de la localidad donde residen. En EEUU esto ha sido una de las principales demandas basadas en el derecho a sufragio fundamentalmente porque sub-representa a quienes viven en las ciudades respecto de aquellos que viven en el campo (Si vamos a hacer discriminación positiva, yo empezaría por doblar la representación senatorial de Santiago Poniente). Yo se que en el contexto chileno esto no ha sido objeto de abuso, pero la verdad es que la justificación para la no existencia de un procedimiento de redistritaje (diputados) y la pretendida representación local de los senadores está lejos de ser satisfactoria.
    El problema igualitario del binominal es similar al de las LOC y sí produce un efecto acumulativo perverso. Si bien entiendo que es un modelo proporcional-mayoritario, eso no impide que en la práctica funcione de una manera cualitativamente diferente a los modelos alternativos imposibilitando que el que recibe más votos gane la elección (o haciendo que el premio para el que gane sea el mismo que para el que pierde). En eso se diferencia de los otros modelos, en los que la mayoría gana y la minoría pierde. Aun cuando suele sostenerse que en los sistemas proporcionales nadie pierde y todos ganan (excepto aquellos que, e.g. no superan 5%, si existe dicho umbral). Ganan, sin embargo, proporcional a su votación. De cara al procedimiento legislativo, algunos pierden y otros gana. Ganan los que logran la mayoría para aprobar leyes y pierden quienes no tienen poder para aprobar leyes. En los sistemas mayoritarios, los ganadores y los perdedores son más obviamente la conclusión de la votación. De nuevo, la mayoría gana la minoría pierde de cara al procedimiento legislativo. La gran diferencia, aunque esto es empíricamente e discutible, es que el momento en que algunos pierden y otros ganan, sucede en un caso después de la discusión parlamentaria (y eso sería una input del proporcional) y en el otro a través de la elección parlamentaria.
    Cuando la mayoría no gana, sino que empata con la mayoría, simple aritmética, se afecta la igualdad política.
    Y más tarde vienen las LOC, imposibilitando que, aún en los casos que la mayoría se las arregló para ganar la elección (algunos doblajes) eso no sirva para poder decidir (me imagino que se necesitan como 10 doblajes para las LOC y 20 para la Constitución, ojalá que alguien lo calcule y se lo haga ver al bueno de Camilo Escalona).
    El problema, no es el umbral de exclusión, sino el umbral de inclusión y la magnitud de esa inclusión (proporcional 50%+1; mayoritario 50%+1; binominal 33%), que independientemente de las LOC (esto es bajo reglas de mayoría no cualificada), afecta la igualdad política porque le da al voto de quien voto a la minoría más valor de quien voto a la mayoría concediéndoles igual representación.

    Saludos,

    Publicado por Pablo Marshall | 29 de abril de 2013, 1:31 PM
  6. una shit
    HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHEERRTYYUUIIIKKKKLLLÑÑÑPPPOOOIIIUUUYYYTTTRRRREEEWWQQQAAASSDDDFFFGGGYHYYYUUUIIIOOOOL.

    Publicado por Anónimo | 7 de septiembre de 2016, 9:41 AM

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