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Derecho y Justicia Social

Pobreza y Responsabilidad Penal

Rocío Lorca Ferreccio*

¿Cómo vincular a la justicia económica con el derecho penal? A grandes rasgos podríamos decir que existen dos opciones estratégicas para enfrentar los desafíos normativos que plantea la injusticia económica en el ámbito de la pena: (1) tratarlo como un obstáculo para la legitimidad del ejercicio del poder de castigar y (2) tratarlo como un obstáculo para el juicio de responsabilidad penal individual. En esta columna quiero presentar y criticar brevemente aquellas teorías que se enmarcan en ese segundo grupo.

(…) Excusar es excluir, implica hacer desaparecer todo el significado normativo de la acción de un agente mediante la declaración de su incompetencia moral, general o transitoria…Claro está que ser tratado como agente responsable acarrea ciertos costos pero es de vital importancia para que nuestros intereses sean tomados en cuenta al diseñar y desarrollar las formas de interacción por las cuales se conducen nuestras vidas.

Bastante se ha reflexionado en torno a la brutal sobrerrepresentación de la pobreza y la exclusión social en el sistema de justicia criminal, aquí y en todas partes. La realidad hace evidente que el derecho no opera de manera imparcial y neutral como quisimos creer y que, aun cuando las instituciones jurídicas puedan llegar a tener un carácter emancipatorio, esta no es su tendencia. La existencia de este sesgo en el derecho penal sin duda plantea un importante problema de justificación, pero la historia no termina aquí, pues aun si el derecho no se diseñara ni se aplicara con sesgo alguno, y aun si la exclusión social no se encontrara sobrerrepresentada en nuestras cárceles, seguiría habiendo algo normativamente sospechoso en que el Estado (o la comunidad política) sostenga que tiene permiso para imponerle una pena a quien ha sido injustamente excluido de una participación decente en los beneficios de la vida en común.

Muchos piensan que al presentar los problemas de justicia social en el departamento de la justicia criminal uno no ha hecho más que equivocarse de ventanilla; que la exclusión social en nada afecta el permiso que tiene una comunidad política de perseguir y castigar delitos. Pero el derecho penal no es simplemente una práctica de responsabilidad individual sino que es, antes que nada, una institución política a través de la cual el Estado ejerce su poder, de ahí que las teorías del derecho penal no pueden declararse incompetentes frente al problema de la injusticia económica ni en general a la evaluación del arreglo político en el que el sistema de justicia penal se inserta.

Pero ¿cómo vincular a la justicia económica con el derecho penal? A grandes rasgos podríamos decir que existen dos opciones estratégicas para enfrentar los desafíos normativos que plantea la injusticia económica en el ámbito de la pena: (1) tratarlo como un obstáculo para la legitimidad del ejercicio del poder de castigar,[1] o (2) tratarlo como un obstáculo para el juicio de responsabilidad penal individual.[2] En lo que queda de esta columna quiero presentar y criticar brevemente aquellas teorías que se enmarcan en ese segundo grupo: las que sugieren que el déficit de justificación del castigo en estos casos se debe a una falta de consideración de los efectos sociales y sicológicos de la pobreza.[3] Si estos efectos fueran adecuadamente considerados, sostienen estas teorías, muchas de estas personas deberían ser excusadas o al menos sus penas deberían atenuarse. Yo en cambio pienso que el problema de justificación no es un asunto de responsabilidad individual o de merecimiento sino que es un problema de autoridad política y como tal deberíamos favorecer al primer grupo de estrategias. La cuestión no debiera ser si acaso el vendedor de drogas de su esquina debería ser excusado o no, sino si acaso nosotros estamos en una posición adecuada como para juzgarlo, condenarlo y castigarlo.[4] Pero la justificación de esta postura tendrá que quedar para otra oportunidad, ahora sólo ofreceré razones para rechazar la estrategia alternativa.

El juicio de responsabilidad penal implica mínimamente que una persona (1) haya infringido una norma de comportamiento y (2) posea las características cognitivas y volitivas que permitan considerarlo como un agente responsable. A veces excluimos a ciertos sujetos del círculo de personas a las que estamos dispuestos a responsabilizar por sus actos, sea por las circunstancias que la persona atravesaba en un momento particular (alguien en estado de shock) o por circunstancias más bien estructurales (un bebé). Estas circunstancias hacen que no consideremos a estos sujetos como alguien con quien podamos razonar, ni alguien cuyas acciones tienen un significado normativo relevante. Excusar, entonces, no implica una declaración sobre la norma de conducta infringida sino una declaración sobre el agente y su falta de libertad o capacidad para optar por la conducta permitida.

Al menos tres tipos de razones se han esgrimido para defender la idea de que la extrema pobreza socava las condiciones de la agencia responsable:  (1) un contexto de extrema pobreza afecta nuestras capacidades sicológicas para interpretar la realidad y controlar nuestros movimientos corporales; [5] (2) un contexto de extrema pobreza excluye el control necesario que debemos tener sobre nuestras acciones para ser considerados responsables por ellas, y (3) un contexto de extrema pobreza nos impide comprender adecuadamente la significación normativa de nuestras acciones.

He analizado cada una de estas propuestas de manera más detallada en otro lugar,[6] lo que me interesa destacar aquí es simplemente que ninguno de estos argumentos puede ser el camino adecuado para lidiar con los desafíos que impone la injusticia social a nuestra práctica de castigar delitos, básicamente porque ellas suponen una ampliación de las hipótesis de excusa que carece de fundamento y sólo puede intensificar los niveles de exclusión de quienes ya se encuentran suficientemente excluidos. Déjenme que me explique algo mejor.

Obviamente ciertas condiciones sociales o económicas pueden de hecho alterar nuestras cualidades sicológicas o volitivas al punto de hacer procedente algunas de nuestras causas de excusa, pero en la medida que estas circunstancias sociales operen como factor de ciertos resultados sicológicos o volitivos ya contemplados por el código penal tal como se entiende por nuestra jurisprudencia, no habría nada especial en relación a la exclusión social como factor gatillante de una excusa. La única manera en que estos tres tipos de argumentos puedan ofrecer un cambio de panorama, es ampliando el alcance de nuestras excusas y atenuantes de modo tal que podamos dotar de eficacia legal ciertos supuestos efectos propios de la exclusión social que hoy no son tomados en consideración por nuestro ordenamiento jurídico. Y esto es lo mismo que decir (al revés) que debemos elevar los requisitos de la agencia responsable con el objetivo de que los impactos sicológicos o cognitivos que pueden aflorar en un contexto de pobreza y exclusión social nos permitan excluir a dichas personas del círculo de autores imputables.

Más allá de los problemas teóricos que plantearía la expansión de las causas de excusa y atenuantes.[7] La falta de justificación que parece afectar al castigo de personas que han sido injustamente excluidas de los beneficios de vivir en sociedad no puede ser ni explicada ni resuelta mediante la ampliación del ámbito de aplicación de las causas de exculpación, fundamentalmente porque ello implicaría dejar de tomar en serio las acciones de cierto grupo de personas, sin que existan buenas razones para ello. Y esto, a su vez, implicaría aumentar los niveles de exclusión a los que este mismo grupo ya se encuentra sometido.

Pero, ¿en qué sentido excusar es excluir? Excusar y atenuar la pena no son medidas inocuas ni que carezcan de un significado normativo; no es una ‘solución parche’; no es tampoco ‘tapar el sol con un dedo’. Excusar es excluir, es algo que genera un efecto negativo cuando no es realmente apropiado. O sea, no sólo es inútil para resolver nuestro problema, sino que es peor. A diferencia de tapar el sol con un dedo, es como usar anteojos de sol de mala calidad: es mejor no usar nada que exponer al sol nuestras pupilas ya dilatadas por la oscuridad que nos dan nuestros anteojos, malos. Esto es así porque excusar implica hacer desaparecer todo el significado normativo de la acción de un agente mediante la declaración de su incompetencia moral, general o transitoria. La potencial fuerza crítica de la acción de un agente se desvanece en el momento en el que su acción es considerada como un hecho ininteligible.

Claro está que ser tratado como agente responsable acarrea ciertos costos (como ser vulnerables a criticismo moral y a tratamientos que no son nada placenteros) pero es de vital importancia para que nuestros intereses sean tomados en cuenta al diseñar y desarrollar las formas de interacción por las cuales se conducen nuestras vidas (relaciones de amistad, de familia, de pareja, de camaradería profesional, de conciudadano, etc).[8] Al excluir a un grupo social del círculo de autores racionales no estamos sino cerrándonos todavía más a verlos como iguales, y a revisar críticamente las condiciones mínimas que el Estado y la comunidad política deben ofrecer para que puedan sostener plausiblemente que tienen una posición que les permite juzgar, condenar y castigar a otro.[9]

Para insistir un poco más, ser considerados como individuos responsables nos permite participar en prácticas de responsabilización recíproca que constituyen sistemas de co-deliberación, esto es, espacios en el cuales estamos disponibles a dar razones de porqué culpamos a otro y cuáles son nuestras obligaciones recíprocas.[10] Sólo si aprovechamos estas prácticas sociales como espacios para encontrarnos con quienes estamos forzados a vivir juntos, podremos configurar una comunidad en la que vivir juntos no sea una mala noticia y en la que la exclusión social y la extrema pobreza adquieran la significación que realmente merecen tener: ser un factor para la transformación de nuestras instituciones y de nuestras reglas de comportamiento. No estoy segura de si existe alguna forma de organización social que haga posible justificar la imposición deliberada de sufrimiento a otro ser humano (o cualquier criatura sensible), pero es difícil imaginar que no pueda haber algún arreglo mejor que el que hoy tenemos.

rlf

11/03/2013


*     Esta columna es una versión muy reducida de mi “Pobreza y Responsabilidad Penal” en Gargarella, Roberto (Coord.): El Castigo Penal en Sociedades Desiguales, Miño y Dávila (Buenos Aires, 2012), pp. 171-204.

[1]     En este sentido, Jeffrie G. Murphy, “Marxism and Retribution”; Sadurski, “Distributive Justice and the Theory of Punishment”; Sadurski, “Theory of punishment, social justice, and liberal neutrality”; Duff, “I Might Be Guilty, but You Can’t Try Me”; Gargarella and Ovejero, “Desigualdades económicas y derecho penal”; Tadros, “Poverty and Criminal Responsibility.”.

[2]     En este sentido, Richard Delgado, “Rotten Social Background: Should the Criminal Law Recognize a Defense of Severe Environmental Deprivation,” Law & Ineq. 3 (1985): 9; David L. Bazelon, “The Morality of the Criminal Law,” S. Cal. L. Rev. 49 (1975): 385; R. George Wright, “Progressive Logic of Criminal Responsibility and the Circumstances of the Most Deprived, The,” Catholic UL Rev. 43 (1993): 459; Sarah Buss, “Justified wrongdoing,” Noûs 31, no. 3 (1997): 337–369.

[3]     Gary Watson, “Responsibility and the limits of evil,” en Responsibility, character, and the emotions: new essays in moral psychology, ed. F. D Schoeman (Cambridge Univ Pr, 1987), 256 – 286.

[4]     Últimamente se han publicado numerosas contribuciones que ha reabierto el debate que Jeffrey Murphy inaugurara en los años setenta, con su artículo ver por ejemplo, Jeffrie G. Murphy, “Marxism and Retribution,” Philosophy and Public Affairs 2, no. 3 (Spring 1973): 217-243; Antony Duff, “I Might Be Guilty, but You Can’t Try Me: Extoppel and Other Bars to Trial,” Ohio St. J. Crim. L. 1 (2003): 245; Victor Tadros, “Poverty and Criminal Responsibility,” The Journal of Value Inquiry 43, no. 3 (2009): 391-413; Stuart P. Green, “Hard Times, Hard Time: Retributive Justice for Unjustly Disadvantaged Offenders,” SSRN eLibrary (n.d.), http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1511732; Wojciech Sadurski, “Distributive Justice and the Theory of Punishment,” Oxford Journal of Legal Studies 5, no. 1 (1985): 47–59; Wojciech Sadurski, “Theory of punishment, social justice, and liberal neutrality,” Law and Philosophy 7, no. 3 (1988): 351–373; R. Gargarella, “Penal Coercion in Contexts of Social Injustice,” Criminal Law and Philosophy (n.d.): 1–18; R. Gargarella and F. Ovejero, “Desigualdades económicas y derecho penal,” De la injusticia penal a la justicia social (2008): 235.

[5]     Delgado, “Rotten Social Background.” Los orígenes de la excusa de “Rotten Social Background” se atribuyen principalmente a la opinión del juez estadounidense David L. Bazelon in United States v. Alexander 471 F.2d 923, 957 (D.C. Cir. 1973).

[6] Lorca, Rocío: “Pobreza y Responsabilidad Penal,” en: Gargarella, Roberto (Coord.): El Castigo Penal en Sociedades Desiguales, Miño y Dávila (Buenos Aires, 2012), pp. 171-204.

[7]  ¿Dónde pondríamos el límite? ¿cómo podríamos distinguir de manera no arbitraria aquellos procesos de socialización deficiente que son resultado de exclusión social injusta de aquella que es resultado por ejemplo de un exceso de privilegios?

[8]     Peter F. Strawson, “Freedom and Resentment,” in Free Will, ed. Gary Watson (Oxford University Press, 2003), 59 – 80.

[9]     Para una crítica similar véase, Stuart P. Green, “Hard Times, Hard Time: Retributive Justice for Unjustly Disadvantaged Offenders,” SSRN eLibrary, accessed November 26, 2009, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1511732.

[10]   Thomas M. Scanlon, What We Owe to Each Other (Belknap Press, 1998). “Responsibility,” 268.

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Comentarios

12 comentarios en “Pobreza y Responsabilidad Penal

  1. Por eso Hegel dice en la Filosofía del Derecho que la pena honra al delincuente, porque lo trata como igual, como ser libre y no como a un perro. Pero, más alla de la dogmática y la filosofía, el Derecho penal no es un instrumento para generar justicia social, como muchos creíamos en las últimas décadas del siglo XX. Un jurista preocupado de la justicia social debe ser extremadamente liberal en materias penales.

    Publicado por Luis E. Rojas | 12 de marzo de 2013, 9:08 AM
  2. A mi me queda dando vueltas otra cosa. La discusión sobre el dispar impacto del derecho penal en la estructura social puede darse no solo teoricamente, sino tambien legislativamente. Es decir, no solo revisando los conceptos con los que actua el derecho penal -pena, excusa, responsabilidad, etc- sino tambien los males que el legislador decide combatir y, viceversa, los bienes que escoje proteger. ¿No sera el problema de nuestro derecho que protege a la propiedad de una manera exagerada, con lo que el problema no es tanto el derecho penal sino la estructura social que aquel protege? Muy buena la columna, por cierto.

    Publicado por fernandomunozl | 12 de marzo de 2013, 9:16 AM
  3. En relación al comentario de Luis, estoy de acuerdo en que el derecho penal no es un instrumento para “generar” justicia social, por lo menos, desde el punto de vista de la justicia económica, éste tiende a generar injusticia más que nada.. la cuestión es en qué contextos es permisible tener un sistema de justicia penal y pienso que es aquí donde la justicia económica se relaciona con el derecho penal: es fundamental para desarrollar el tipo de comunidad en que un sistema de justicia penal es posible de justificar.

    En relación al comentario de Fernando, estoy de acuerdo en el siguiente sentido: el derecho penal ayuda a configurar y reproducir la estructura social y si estoy en lo cierto en el sentido de que una estructura social más justa es necesaria para que sea a lo menos plausible pensar en una justificación del castigo, entonces es probable que nuestras leyes penales deban participar en el conjunto de reformas institucionales que se requieren para configurar una sociedad más justa. En realidad esto sólo muestra cómo es ciertos que el derecho penal no puede presentarse como un instrumento técnico y neutral frente a los problemas de justicia económica.

    Publicado por rociolorca | 12 de marzo de 2013, 10:24 AM
  4. Existen varios estudios que vinculan los tipos de sistemas económicos con la punitividad en cada país y parece existir al menos una correlación entre sistemas neo-liberales y mayor punitividad. Esa es una realidad de la que es necesario hacerse cargo. Coincido con que la opción de excusar es problemática. Lo cierto es que sería mucho mejor contar con un sistema al menos proporcional en cuanto a las penas y los bienes jurídicos protegidos. El problema es que justamente ahí se encuentra una de las mayores conexiones entre sistema penal y sistema económico (qué delitos perseguir y con cuánto rigor) El problema de fondo,e ntonces escapa a la solución emramente penal.

    Publicado por Anónimo | 12 de marzo de 2013, 10:53 AM
    • Si, conozco algunos de esos estudios aunque resulta complicado sacar conclusiones muy claras porque existen contra ejemplos y aun cuando es cierto que existe una importante correlación empírica entre desigualdad y castigo penal, creo que uno de los temas que hemos abandonado es a nivel más ideal, es decir, a nivel de justificación normativa de este tipo de prácticas.. es cierto que un sistema penal menos expansivo, o un derecho penal mínimo, generaría menos conflicto en la medida en que a lo menos habría menos violencia que justificar pero me parece que el problema de legitimación frente a quienes han sido socialmente excluidos, se presentaría incluso ante delitos como el homicidio, la violación, etc..

      Publicado por rociolorca | 12 de marzo de 2013, 12:46 PM
  5. El comentario anterior es mío, Alejandra Mera

    Publicado por Alejandra Mera | 12 de marzo de 2013, 10:55 AM
  6. Súper Buena la columna. En general estoy de acuerdo con el argumento de que la injusticia social debe ser tratada como un problema de autoridad para castigar más que uno de responsabilidad penal individual. Los justicia social sería una esfera autónoma que tienen repercusiones en la fundamentación del derecho penal haciéndolo injusto, pero que en el nivel del derecho penal mismo no tiene nada que decir, salvo redirigirse al sistema de distribución de la riqueza para hacerle ver que su actual diseño es injusto. Un reclamo desde el derecho penal esperando un cambio económico y mientras tanto la afirmación de que el derecho penal es ilegitimo. Si con lo que estoy diciendo resulta evidente que no entendí el argumento, por favor no siga leyendo!

    El problema que veo es el siguiente y es operativo y estratégico. La otra postura tiene efectos disruptivos. Estoy de acuerdo con que puede profundizar la exclusión de quien es exculpado por ser pobre. Pero esa exculpación podría generar un llamado de atención en el nivel de la discusión sobre justicia social mucho más importante que la afirmación de que el sistema penal es ilegitimo bajo las actuales condiciones del capitalismo. Pienso en la sala del tribunal. El acusado se muestra renuente a aceptar los términos del juicio porque se dan en el contexto de la injusticia social. No puedo imagina que la repercusión de ese momento pueda ser mayor que la del juez absolviendo al criminal por causas de injusticia social.

    Todo esto lo digo con gran escepticismo acerca de la comunicabilidad que pueda haber entre el sistema judicial y la esfera política-económica donde se toman las decisiones de la justicia social.

    Publicado por Pablo Marshall | 12 de marzo de 2013, 11:11 AM
    • Yo creo que entendiste el argumento perfectamente. El problema de la operatividad es complicado pero no tanto. Como yo lo veo es que hay que ir paso por paso. Primero hay que ofrecer argumentos que los jueces, los imputados, los políticos, etc. puedan usar, y muchos piensan que el derecho penal es una especie de subsistema que se justifica por sus propios principios morales, etc… por eso que ha sido tan fácil armar un sistema de justicia penal internacional antes de que siquiera se atisbe la existencia de una comunidad política! Pero mi punto es que ya si logramos cambiar esa forma de ver el derecho y la idea de la falta de justificación del castigo a consequencia de la exclusión social, entonces habremos avanzado mucho, porque la tensión que genera llevar a cabo una práctica que carece de sus presupuestos mínimos de justificación nos orientará a encontrar soluciones prácticas que si, puede que usemos las excusas, pero como “resquicio legal” y con conciencia de que eso no es lo que corresponde… no sé cuánta comunicabilidad haya pero si ni siquiera quienes estudian la legitimidad de la pena (desde la filosofía política y el derecho penal) han formulado esta crítica, supongo que esto es lo primero.

      O sea, los efectos disruptivos de mi postura no me preocupan porque si fuera abogada defensora obviamente recurriría a esas excusas y si me tuviera que enfrentar a un caso concreto seguro que no me opondría a instrumentalizar el derecho para impedir que la injusticia se produzca… o sea, para eso están los resquicios legales, si podemos impedir un castigo injusto usémoslos. Pero no me parece que sea una estrategia para lidiar con el problema a un nivel de abstracción que vaya más allá del caso concreto porque el discurso que le subyace es perverso.. supongo que esta es la complejidad del activismo desde la academia!

      Publicado por rociolorca | 12 de marzo de 2013, 12:59 PM
  7. En lineas generales estoy de acuerdo con la excelente columna de Rocío, quisiera revisar dos (entre muchas -tal vez, ninguna que asumiría la autora) lecturas que se pueden hacer de la perspectiva más general que se asume en ella.

    Una PRIMERA LECTURA de la columna la entendería como apoyada sobre una suposición acerca de la relación fuerte entre la existencia del Estado y el estatus moral de agente. Esta suposición puede remontarse a aquella de que tanto la constitución del Estado como sus acciones se basan en la idea del reconocimiento moral de los individuos que lo componen. De esta forma el ejercicio del poder punitivo del Estado sobre un individuo se ve como el reconocimiento moral de su agencia y el reconocimiento moral de su agencia sería, a su vez, dependiente de aquel. Así, señalar que un individuo no puede ser responsabilizado por causales que no tienen que ver con sus capacidades cognitivas y volitivas, puede ser visto como la negación de aquella en un sentido moral.

    Ahora, si se considera otra forma de ver al Estado, donde este surge de la dominación y sus acciones tienden a la exclusión, la cuestión cambia. Un punto de vista tal puede suponer que tanto la constitución como las acciones del Estado responden a los intereses y prejuicios de grupos de poder (económicos, políticos, culturales, religiosos, etc.). Visto así, el sistema penal más que un lugar de reconocimiento es un lugar de exclusión, utilizado para hacer física (e institucional) la exclusión de ciertos grupos.
    De esta manera, la responsabilidad penal no implicaría el reconocimiento moral del individuo, (a no ser que sea suficiente señalar que la moral de las elites dominantes, en caso de existir una tal, es la moral que aceptamos), ni el reconocimiento de agencia (de estar dotados de ciertas capacidades), en este contexto, sería necesariamente moral.
    Así, si una ley iguala, en ciertas circunstancias, a una persona pobre con un bebé o con una persona en estado de shock para encarcelarla, esto no debería influir en el reconocimiento moral de la persona pobre ni en la relevancia normativa de sus acciones (a excepción, obviamente de su relevancia para el juicio penal).
    El reconocimiento moral sería independiente del sistema penal y puede incluir tanto a la agencia como a otros elementos de la personalidad, así como expresarse en otros espacios.

    Con un punto de vista como el presentado en los últimos párrafos se pueden tomar, al menos, dos posturas: (a) abogar por la abolición del sistema penal o; (b) tener desconfianza hacia el Derecho penal y, basado/a en cierto sistema moral (e ideológico), controlarlo, criticarlo y procurar cambiarlo. Una SEGUNDA LECTURA de la columna de Rocío la leería como comprometida con esta última postura.

    Esta postura de desconfianza, implica tomar una posición moral (e ideológica) para juzgar al sistema, sin creer que el sistema encarna (o su función es encarnar) dicha posición.
    A partir de ella se podría revisar criticamente, por ejemplo:
    (a) Las reglas de comportamiento, en el sentido de ver cuál es el delincuencia que constituyen (pensar, por ejemplo, en la alta penalidad de ciertos robos; en la consideración de usar capucha como agravante, etc.)
    (b) Las reglas de comportamiento, en el sentido de centrar la atención en su formación (¿quiénes participan en ella? ¿Cómo es esa participación? etc.)
    (c) Las políticas policiales respecto a la prevención y persecución de delitos.
    (d) Los supuestos bajo los cuales un individuo es considerado penalmente responsable.
    Esto no implica considerar que la pena estatal conlleva un reconocimiento moral, por el contrario, como la pena estatal se aplica a personas cuyo reconocimiento moral es independiente de ella, deben ser especialmente revisadas las condiciones bajo las que se utiliza.
    Este punto de vista puede ser criticado por alejar a la institución penal de su justificación y de su relación con el reconocimiento público de los individuos.

    Por el momento debo reconocer que más que abogar por una de las lecturas, mi intención es compartir argumentos que pueden resultar interesantes.

    Saludos

    Publicado por sebafigueroa | 12 de marzo de 2013, 11:56 AM
    • Yo creo que ambas lecturas no son totalmente incompatibles. Si el sistema penal y el derecho en general operan como un mecanismo de dominación y reproducción de modos de interacción social opresivas, esto no quiere decir que lo único que podamos hacer al respecto sea abogar por su abolición. Aun si el derecho penal fuese imposible de justificar, es posible que sea menos malo, o sea no creo que en general la legitimidad de las instituciones legales o cualquier institución que descanse en la coacción se juegue en un si-no, de modo tal que podemos trabajar desde el sistema para que sea más justo aun si una completa justificación no es posible… En ese sentido pienso que todos los mecanismos que disminuyan los niveles de violencia y opresión del sistema pueden disminuir sus niveles de ilegitimidad.

      La cuestión es tratar de diagnosticar bien dónde está el problema y a veces es bueno hacerlo desde las categorías, conceptos y paradigmas filosóficos que actualmente dominan la discusión. Y si un sistema penal, sólo es posible de justificar (si acaso..) como una institución que protege la autonomía de quienes están sometidos a sus reglas, entonces me parece importante dotar a sus categorías del significado que deberían tener y no del que actualmente tienen. Por eso que pensar el problema de legitimidad como un problema de responsabilidad individual me parece inadecuado y excluyente.

      Publicado por rociolorca | 12 de marzo de 2013, 1:37 PM
  8. Un comentario de un lego: no conozco ni siquiera la jerga que usan y no se cual es el estado de la discusión, pero intervengo porque me parece un asunto relevante.
    En relación con el tema de la exclusión, tengo entendido que en algunas sociedades hay normas jurídicas específicas para grupos determinados por razones principalmente culturales (pueblos nativos, grupos poligámicos, etc) y/o históricas, cabe la pregunta de si es valida una analogía con los sectores más vulnerables. Si la preocupación es mantener una cierta racionalidad en las normas jurídicas y que los sujetos entiendan y acepten esa racionalidad se puede postular que ciertos grupos obedecen a otras razones que también son legítimas. (No me gusta mucho el relativismo cultural, pero a veces hay que tenerlo en cuenta). Es evidente que esto genera una cantidad enorme de problemas prácticos para definir quien pertenece a que grupo. También le quita validez universal al sistema penal y quizás al derecho en general, pero menos que las acciones caso a caso. Además, en las sociedades donde hay normas aplicables a ciertos grupos específicos, debe haber también formas de integración nacional que trascienden la práctica judicial.
    La responsabildad penal individual estaría así claramente definida referida a un código establecido.
    La exclusión no es generada en primer lugar por la aplicación o no de normas (eso es de perogrullo), estas confirman un hecho básico la existencia de un modo de dominación opresivo . La cuestión es encontrar un “modus operandi” y, junto con eso , una justificación de ese “modus operandi”, que en mi opinión debe estar lo más codificado posible. Esto lo digo pensando en sistemas jurídicos como los de origen español o francés, no tanto en los sistemas anglo-sajones.

    Un comentario a una frase de Rocío, que me llamó la atención : “No estoy segura de si existe alguna forma de organización social que haga posible justificar la imposición deliberada de sufrimiento a otro ser humano (o cualquier criatura sensible), pero es difícil imaginar que no pueda haber algún arreglo mejor que el que hoy tenemos.” No se si la entendí bien, pero yo pienso que todos las organizaciones sociales en occidente hasta la Revolución Francesa justificaban la imposición deliberada de sufrimiento. Incluso después, en los regímenes que toleraban la esclavitud, las purgas stalinistas o los regímenes nazis que justificaban sus atrocidades por un cierto “derecho” y hoy las sociedades musulmanas que legislan en base a la Sharia.

    Publicado por Guillermo Labarca | 13 de marzo de 2013, 12:57 PM
    • Gracias. Sobre el relativismo cultural y la posibilidad de aplicar distintas reglas a diferentes grupos sociales, es tan difícil enfrentar este problema.. Por una parte las reglas tienen que ser inteligibles para quien debe someter su conducta a ellas y deben respetar en cierta medida sus valoraciones, pero ¿cómo aseguramos eso institucionalmente? Supongo que con instituciones democrácticas que otorguen espacios de participación efectivos y que además reconozcan espacios de autonomía. Dichas prácticas democráticas sin duda son inalcanzables en un contexto de injusticia económica.

      La cuestión que me preocupa, sin embargo, es el caso más masivo de aquellos grupos desposeídos que viven en las ciudaes y no están excluidos en términos culturales tanto como están excluídos en terminos de acceder a los recursos necesarios para vivir la vida al estilo impuesto por la sociedad hegemónica. En este caso no estoy segura de si ayudaría establecer un código alternativo o si podría alegarse una especie de ignorancia sobre las normas. El derecho penal es uno de los mecanismos principales con los que se gobierna a los más pobres, de modo tal que ellos suelen conocer sus normas bastante de cerca… O sea que sí, seguro que hay que cambiar el diseño social y ello implica cambiar las normas pero no necesariamente para responder a diversas identidades (aunque eso puede también hacerse paralelamente) sino especialmente para reducir los niveles generales de opresión.. no sé si esto es inteligible.

      Ah, y respecto de la última frase, supongo que lo que quiero cuestionar es que exista una sociedad en que el castigo se justificable no desde la perspectiva de quienes de hecho lo justifican sino desde la perspectiva de una serie de principios y convicciones personales acerca de lo bueno y lo malo que quizás no viene al caso comentar aquí…

      Publicado por rociolorca | 13 de marzo de 2013, 1:36 PM

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